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Fiscal de Colombia: ley de tribunal de paz habilita a CPI a intervenir en Estado

© REUTERS / Jerry LampenThe entrance of the International Criminal Court (ICC) is seen in The Hague, Netherlands
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BOGOTÁ (Sputnik) — La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia permitiría a la Corte Penal Internacional (CPI) intervenir en el Estado por omisiones al juzgar delitos de lesa humanidad, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en una carta.

"De ser cierto que la facultad de la investigación permanece de forma meramente nominal en cabeza de la Fiscalía, tal limitación podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional en el Estado colombiano", afirmó Martínez en una extensa carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y que fue difundida por el Ministerio Público.

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La JEP es un tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana con la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para juzgar a actores del conflicto armado, entre exguerrilleros, militares y civiles que financiaron la confrontación.

El tribunal de paz opera de manera paralela pero independiente de la justicia ordinaria.

Comenzó a funcionar en marzo pasado, por lo que algunas de sus normas de procedimiento aún deben ser ajustadas y reguladas por organismos estatales, entre ellos la Corte Constitucional, que recién promulgó un fallo que regula la Administración de Justicia de la JEP, el cual motivó la carta del fiscal general.

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Según Martínez, el fallo de la Corte deja maniatada a la Fiscalía para revisar casos relacionados con delitos de lesa humanidad hasta tanto no se definan procedimientos concretos para la JEP, lo que generaría la pérdida de evidencias de qué delitos graves son investigados y juzgados.

Asimismo, señala que no es claro si la Fiscalía podrá citar a diligencias judiciales a agentes del Estado y reinsertados de la guerrilla por delitos de lesa humanidad.

La carta indica que "una lectura desprevenida podría dar lugar a que algunos operadores judiciales concluyan que (…) no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, interrogatorios, indagatorias, audiencias de formulación de imputación, etc".

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El funcionario agregó que "en la práctica equivaldría que, mientras la JEP asume competencia en estos casos, en un término que se prevé de hasta tres años, no habría jurisdicción que operara y asumiera que efectivamente tales investigaciones, en desmedro de los intereses de las víctimas y en un claro incumplimiento del deber del Estado de ejercer la persecución penal de graves crímenes".

En la misiva, de cinco folios, Martínez también se pregunta si para la Justicia internacional será suficiente el hecho de que sean juzgados los "máximos responsables" de crímenes atroces, pero sin considerar a los autores materiales de los hechos, lo cual, subrayó, activaría la competencia de la CPI.

Por el momento la Corte no se ha pronunciado respecto del comunicado del fiscal general. 

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