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"La ciudadanía debe tener mayor participación en los debates presupuestales"

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MONTEVIDEO (Sputnik) — La ciudadanía debe exigir a los gobiernos transparencia en su política fiscal y en detalles del gasto público, porque son cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, dijo a Sputnik la coordinadora regional del Programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado de la red de Oxfam, Rosa Cañete Alonso.

"La gestión de los recursos en la parte del gasto público tiene una relación directa con los derechos; cuando se discuten los presupuestos de una nación, de lo que estamos discutiendo es del avance o no en la garantía de los derechos a la ciudadanía, y por lo tanto la ciudadanía debería tener una voz y una participación mucho más fuerte de la que habitualmente tiene", dijo la especialista a Sputnik.

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Economía
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El 22 de agosto, Oxfam, la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentaron la plataforma DataIgualdad, que contiene más de 70 indicadores para 18 países de la región sobre política fiscal, desigualdad y derechos en América Latina y el Caribe.

Para Cañete Alonso, el objetivo de esta plataforma es convertirse en una herramienta para lograr que la ciudadanía tenga un mayor acceso y a la vez un mayor control respecto al gasto público y la política fiscal de sus gobiernos, en el entendido de que en este tipo de decisiones están en juego sus derechos.

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"DataIgualdad lo que intenta es facilitarle a la ciudadanía entender el impacto que tienen las políticas fiscales en su vida, tanto desde el lado de los impuestos como a través del gasto público, de manera que la ciudadanía pueda participar de una forma informada y más fácil en esta toma de decisiones, que normalmente se envuelve en un velo técnico que impide la participación", explicó la coordinadora regional de Oxfam.

Presupuesto y derechos

Cañete Alonso recordó que el incremento o la reducción de la inversión pública en áreas como la educación o la salud no es otra cosa que decidir si aumenta o disminuye el acceso de la ciudadanía a derechos como el educativo o el sanitario.

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Economía
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"Hay que facilitarle a la ciudadanía —y eso es lo que intenta la plataforma—, que entienda que hay un vínculo entre decisiones del presupuesto y las decisiones que se toman sobre impuestos, y también sobre la participación y la corrupción, en la garantía de los derechos; en el fondo de lo que estamos hablando es del sistema democrático, de la relación del Estado con la ciudadanía", afirmó la especialista.

Lo mismo, añadió, ocurre con la política tributaria, que define también las prioridades de un gobierno.

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América Latina
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"Detrás de una decisión de impuestos hay también una decisión de gasto; cuando los gobiernos nos dicen: "no se puede aumentar la inversión en educación porque no hay suficientes recursos", la pregunta que el ciudadano también debe realizar es: "por qué no hay suficientes recursos", es decir, qué renta, qué espacios tiene todavía el Estado para poder conseguir los recursos que se necesitan para aumentar la inversión en educación o en salud", afirmó la coordinadora regional de Oxfam.

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Para Cañete Alonso, esto debe llevar a "cuestionarle" a los estados "un montón de agujeros" que aún tienen los sistemas tributarios de los países de la región, "que privilegian a ciertos grupos y a ciertas rentas por encima de los demás".

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Economía
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Esto, prosigue, es de vital importancia en un momento en que "vuelve a la región la austeridad como un mantra de eficiencia, cuando se ha probado con resultados terribles para las grandes masas de población, que la austeridad en general lo que acaba es reduciéndole derechos a los más necesitados".

La plataforma web está disponible en www.dataigualdad.org y tiene diseño responsivo, accesible desde móviles y tabletas.

Este portal de datos dinámico, abierto y colaborativo agrupa más de 70 indicadores duros y de percepción sobre desigualdad, ingresos tributarios, gasto público, democracia, corrupción, transparencia, participación y garantía de derechos.

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DataIgualdad explica cómo la gestión de los recursos públicos afecta los derechos de las personas a partir de datos oficiales sobre ingresos tributarios, gasto público, garantía de derechos como salud o educación, y datos de percepción sobre democracia, corrupción, transparencia y participación.

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