"En este país se requiere de una Comisión de la Verdad y la Memoria Histórica ante una grave crisis histórica de violencia, como mecanismo de un andamiaje institucional completamente nuevo contra la corrupción y la impunidad, con respaldo internacional", indicó Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una de las organizaciones que lidera la iniciativa.
En el diagnóstico de los expertos que han trabajado con instancias nacionales e internacionales "subyacen las muy graves violaciones de los derechos humanos, la corrupción galopante y la evidencia que el país vive una crisis institucional sin precedentes por la falta de capacidad de las instituciones para garantizar la justicia", afirmó.
Los casos que ilustran esa crisis van desde una Procuraduría General de la República (PGR) que en cuatro años no ha podido esclarecer la masacre de Ayotzinapa, en la que desaparecieron 43 jóvenes, indicó.
"La PGR ha fracasado no solo por la falta de voluntad política, sino por una profunda incapacidad institucional", opinó.
Debido a la violencia en el país, fallecieron más de 31.000 personas solo en 2017, el año más sangriento en un siglo.
Hace dos años y medio un colectivo de organizaciones formó una coalición que lanzó la plataforma contra la impunidad y la corrupción, en la que establecieron la urgencia de construir instituciones fundadas en la lógica de la llamada justicia transicional.
"La justicia transicional se define como los mecanismos extraordinarios a los que necesita recurrir un Estado cuando ha sido quebrantado el Estado de derecho y se ha derrumbado el andamiaje institucional, ocasionado por la violencia extrema", explicó Cortez, exsacerdote jesuita.
En ese "colapso sistémico" las instituciones ordinarias mexicanas perdieron su capacidad de responder, añadió.
Esa comisión se inspira en experiencias de otros países que han sufrido la violencia como Colombia, Perú, Guatemala o El Salvador.
"El primer paso es investigar para esclarecer los patrones de una dinámica política y social anómala, y esclarecer los hechos ocurridos", explica el autor del proyecto.
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Pero una iniciativa de gran envergadura, como la pacificación y reconciliación que requiere el país, "no busca solo el esclarecimiento de un caso, como ocurre con la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, sino develar los grande patrones y tendencias dominantes para garantizar la justicia al mayor número de personas y víctimas", agregó.
Herramientas para alcanzar la verdad
La propuesta de esa Comisión de la Verdad para investigar una década de violencia contemporánea multifacética debe ir acompañada al menos de media docena de herramientas, afirmó.
En ese instrumento deben participar no solo expertos juristas, sino también fiscales, mandos policiales y expertos internacionales "que permitan construir sólidas acusaciones penales que complementen el trabajo de la Comisión de la Verdad", afirmó Cortez.
Una tercera pieza requerida es una nueva Fiscalía federal, que deje atrás a la vieja Procuraduría federal.
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Requiere entonces dar el paso de una reforma constitucional "para que sea autónoma del Poder Ejecutivo, que desarrolle las capacidades de investigación de delitos complejos y casos graves delitos de corrupción", como la trama de la constructora brasileña Odebrecht, delitos de peculado, malversación y tráfico de influencias.
"Ese proceso no puede comenzar mañana o el primer día del nuevo Gobierno, sino ocurrir en el marco de una estrategia policial para profesionalizar las corporaciones de seguridad pública, no solo su capacitación", basada en un servicio civil de carrera con respeto a los derechos humanos, afirmó.
Ese paso requiere, en quinto lugar, derogar la ley de Seguridad Interior que autoriza los despliegues militares en tareas de seguridad pública, indica.
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La sexta pieza del nuevo andamiaje, afirmó, es abandonar el modelo prohibicionista y punitivo contra la producción, distribución y consumo de drogas y regular el mercado del narcotráfico.
El objetivo es producir heroína para el mercado de la salud, añadió, debido a que México importa opiáceos como insumos para servicios.
Cree que algunas propuestas de funcionarios del próximo Gobierno definen como justicia transicional a políticas que no corresponden a ese concepto.
"La justicia transicional implica reorganizar de fondo las instituciones federales con mecanismos extraordinarios para cumplir el mandato constitucional de la justicia y pacificar el país", agregó.
Afirmó que se requiere de una masiva transferencia de conocimientos procedentes de la experiencia y fondos.
Los foros, que comenzaron el 7 de agosto, concluirán el 24 de octubre, antes de la toma de posesión de López Obrador, prevista para el 1 de diciembre.
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