"El desafío de las condiciones que viven las comunidades indígenas que luchan por la defensa de sus territorios procede de un conjunto de políticas de corte neoliberal, de apertura a inversiones extranjeras, que han profundizado el modelo de extracción agresiva de sus recursos naturales", dijo el experto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor hace casi 25 años, "la ley minera de los años 1990, la reforma agraria y la reciente reforma energética, flexibilizaron el marco legal para autorizar un conjunto de actividades legales sobre el uso del territorio de las comunidades, donde se implementan 950 megaproyectos en las industrias extractivas en todo el país", dijo Del Pozo.
"Esos proyectos se implementan en gran parte del territorio de comunidades indígenas, de los cuales más del 60% son canadienses", indicó Del Pozo, autor de libros y ensayos sobre políticas públicas y filosofía del derecho.
El equipo de transición del próximo Gobierno ya tuvo acercamientos con autoridades de Canadá, sin embargo el programa de las próximas autoridades no contiene un rechazo tajante a la minería y la explotación petrolera.
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No obstante, actores del próximo gabinete, como el encargado de la Comisión de Desarrollo Indígena, Adolfo Regino Montes, anunció que "se van a revisar todas las concesiones para la explotación de recursos naturales", matizó el investigador.
"Lo que estamos viendo es un proyecto de ordenación que es una apuesta muy seria a la explotación de gas y petróleo, con la proliferación de termoeléctricas y energía hidroeléctrica", acotó el experto.
Del Pozo observa un cambio importante en ese enfoque, dado que el principal impulso no estará centrado en las inversiones extranjeras.
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Al declarar la urgencia de extraer más hidrocarburos fósiles, el próximo presidente enfatiza que "el Estado asumirá la rectoría de la industria energética con el nuevo proyecto de nación", prosigue el especialista.
"Nos hemos posicionado claramente junto con las comunidades en la Alianza Mexicana Contra el Fracking para que esa declaración del presidente electo se traduzca en una prohibición legal, porque actualmente la petrolera estatal Pemex ya la utiliza", dijo Del Pozo.
Por ejemplo, los grupos indígenas que protestan contra el uso de esta técnica en el central estado de San Luis Potosí, por el uso intensivo de los mantos acuíferos que implica.
Persecución de las comunidades
Por la resistencia a la explotación agresiva de los recursos naturales se cometen múltiples asesinatos y hechos de violencia contra las comunidades, perpetrados por funcionarios estatales y privados.
"En muchos lugares se ha vulnerado y criminalizado a las personas que defienden el territorio contra la visión extractivista de los recursos naturales, eso no cambiará de la noche a la mañana", apuntó Del Pozo.
El más reciente informe anual de Global Witness sobre defensores de derechos humanos indica que al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el ambiente el año pasado.
La apuesta de las nuevas autoridades aún persiste en mantener los megaproyectos, pero con la meta de redistribuir la riqueza, abatir la desigualdad y la pobreza y proteger los derechos a la autonomía.
"No es sencillo aplicar esa visión, todavía hay que resolver el problema de la violencia, poner un alto a los conflictos en los territorios y saber de dónde saldrán los recursos necesarios para los programas sociales comprometidos en ese nuevo modelo de desarrollo", advierte Del Pozo.
El problema no es solo la promesa del respeto al Estado de derecho y de consulta a las comunidades, "un anhelo creíble del próximo presidente, sino del respeto a la autodeterminación indígena sobre los territorios, el derecho a definir su propio modelo de su desarrollo", comentó.
Los pueblos indígenas quieren que se discutan otro tipo de alternativas, con proyectos de menor escala, según Del Pozo.
"La apuesta debería ser discutir un nuevo modelo con toda la sociedad civil, y no solo los 25 o 30 megaproyectos de infraestructura" que serán el eje del próximo Gobierno, recomendó.
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Finalmente, Del Pozo consideró positivas algunas señales de diálogo de cara al escepticismo de movimientos indígenas rebeldes, como los zapatistas del sureño estado de Chiapas, que rechazan colaborar con el nuevo Gobierno.
Para ello habría que abandonar la lógica de los grandes megaproyectos y minería a cielo abierto, y renunciar a la construcción de grandes parques eólicos que han sido rechazados por las comunidades.
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Las comunidades indígenas y movimientos ambientalistas presentaron a López Obrador 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México, con un mecanismo para garantizar el abastecimiento de agua y determinar precios justos.
También plantean que para 2024 el 35% de las energías generadas sean limpias, así como mitigar el impacto de los megaproyectos con un enfoque ambiental transversal en un sistema nacional de planeación democrática.
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Esos son los dilemas del nuevo Gobierno que comenzará el 1 de diciembre, de cara a los 68 pueblos indígenas de México.
