El 8 de agosto, toda Argentina —y el mundo— tendrán sus ojos sobre el Congreso. Los Senadores deberán decidir si aprueban o no la ley de aborto legal, seguro y gratuito, uno de los temas que ha logrado mantenerse en el candelero, a pesar de alzas de tarifas, ajustes fiscales, escándalos de corrupción y la participación de la selección nacional en Rusia 2018.
Pero a pesar de ser minoría, un actor contrario tiene un peso importante en la sociedad. Se trata de la Iglesia católica, que ha desplegado su influencia a diferentes niveles. Por eso, la Coalición Argentina por un Estado Laico organizará un acto de apostasía colectiva, una forma de renuncia a la religión católica para quienes están bautizados.
"El hecho de apostatar es ejercer el derecho a poder tener la libertad de conciencia absoluta, de que no se imponga una religión simplemente por una cuestión de tradición, y de empezar a andar otro camino diferente", dijo a Sputnik Fernando Lozada, integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
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Respecto al aborto, un respetado cura vinculado a la izquierda indicó en el Parlamento que era parte de las recetas del Fondo Monetario Internacional contra los pobres. Otro religioso amenazó con la excomunión del presidente Mauricio Macri si no intervenía para suspender la norma. E incluso el papa Francisco comparó en un discurso al aborto con las técnicas empleadas por el nazismo.
"El debate por la legalización del aborto en Argentina ha demostrado quién es la principal oposición: la Iglesia católica apostólica romana. Ha sido siempre un obstáculo en distintos momentos de la historia en los que se ha querido adquirir derechos", dijo el portavoz de la CAEL
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"Esta manifestación tan explícita de la Iglesia en contra de la legalización del aborto ha hecho que se reavive el debate sobre el Estado laico, es decir, la necesidad de separar absolutamente a la Iglesia y el Estado en la República Argentina", dijo el portavoz de la CAEL.
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Por la separación de la Iglesia y el Estado pic.twitter.com/a5KXesgErV
— Claudio Daniel Boada (@ClaudioBoada) 1 de agosto de 2018
En medio de la marea de pañuelos verdes, algunos retazos de color naranja han surgido con el lema 'Iglesia y Estado, asunto separado', mientras que otra campaña similar impulsa la utilización de retazos negros. Ambos llevan el diseño de una iglesia, un edificio civil y una tijera que los separa. Independientemente del color de la iniciativa, desde la CAEL aplauden la fuerza que toma el debate por la laicidad del Estado.
Aún así, se le reconoce a la Iglesia católica un estatus especial. Mientras que las otras religiones se consideran personas jurídicas de derecho privado, las instituciones católicas son de derecho público. Esto se refleja también en amplias "prebendas" y "privilegios" que se les concede.
Entre estos, están la remuneración y los viáticos de obispos y arzobispos, que cobran el 80% de un juez de paz de primera instancia. Los seminaristas y los párrocos de frontera también reciben asignaciones mensuales. También los Estados provinciales y el nacional transfieren dinero a instituciones educativas y sanitarias.
Y aunque los curas que amenazaron con ese castigo al presidente y los parlamentarios que aprueben la ley, se trata de "un gesto político" con el fin de presionar, mucho más del carácter religioso de la advertencia. Los poderes del Estado, dijo Lozada, "están muy entrelazados" con la Iglesia.
"Tiene un peso enorme. Además del poder financiero y de los contactos, tiene formas de presionar y actualmente las están usando de la forma más violenta que pueden. Lo que están diciendo con la excomunión es que van a haber consecuencias. La excomunión creo que no la debe tomar en serio casi nadie", opinó.
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"La Iglesia ha sido muy hábil en introducir ritos en cada uno de los momentos importantes de la vida de las personas. Lo que nosotros queremos hacer es dar una batalla cultural, es decir, empezar a romper con el bautismo realizado por defecto", afirmó.
Para quienes están bautizados y no se sienten representados por una Iglesia con "poder e influencia", la apostasía es un gesto simbólico, un trámite contemplado en el derecho canónico y considerado uno de los grandes pecados que ameritan la excomunión automática, como la herejía y el cisma.
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Para realizar este procedimiento a través de la ley civil, los ciudadanos pueden ampararse en el recurso de hábeas data, que permite que cualquier persona acceda a los datos personales que cualquier institución tenga sobre ella, y solicitar su eliminación llegado el caso.
"Se le exige a la Iglesia que nos quite de sus registros. En general no lo hace cuando hacemos la apostasía, lo que hace es tachar", constató Lozada.
En el evento por la Apostasía Colectiva del 8A en Facebook hay hasta el momento 4.600 participantes que han confirmado su participación. Pero el número de quienes efectivamente realicen este trámite podría ser mucho mayor, dada la multitudinaria afluencia en el Congreso. Para hacerlo efectivo, es necesario llevar una copia del documento de identidad y un formulario impreso debidamente cumplimentado, que de no poseerlo, será entregado en la carpa de la coalición.
