"Este es el primer dictamen de su tipo contra el Estado mexicano", de tal forma que el Gobierno de México tiene un plazo de seis meses responder, dijo en conferencia de prensa Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ONU-DH) al presentar la resolución.
Añadió que "en México todavía se siguen cometiendo los mismos atropellos que hace 13 años sufrió Lydia Cacho".
En México persiste "la tortura, la violencia de género, la detención arbitraria, los ataques a la libertad de expresión, la impunidad y la colusión del poder económico con el poder político", añadió Jarab.
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La resolución tiene "carácter casi jurisdiccional", lo que significa que tiene implicaciones jurídicas mayores a una recomendación.
La ONU-DH pide, además, la derogación en todo el país de los llamados "delitos contra el honor", como la "difamación y calumnias", que todavía se estipulan en las legislaciones de ocho entidades federativas utilizados para coartar la libertad de expresión.
Una venganza gubernamental
En diciembre de 2005, la periodista fue detenida y torturada por agentes policiacos, en represalia por la publicación de su libro "Los demonios del Edén", publicado en marzo de aquel año, en el que reveló una red de trata y explotación infantil en el estado de Quintana Roo, localizado frente al mar Caribe mexicano.
"Somos sobrevivientes de una tragedia nacional, soy una sobreviviente de la tortura, fui torturada y perseguida por la policía, gobernadores, senadores y gente protegida por la Presidencia de la República", denunció Cacho.
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La periodista ha denunciado en varias ocasiones al empresario textil Kamel Nacif de Puebla, al entonces gobernador de ese estado del centro del país, Mario Marín (2005-2011), y al actual gobernador de Veracruz (sureste), Miguel Ángel Yunes.
Cacho fue secuestrada y torturada psicológica y sexualmente a lo largo de un día completo de recorrido por carreteras, desde Quintana Roo a Puebla, acción perpetrada por un grupo policiaco, pero solamente uno de esos agentes ha sido sentenciado por tortura.
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En febrero de 2006, el periódico La Jornada difundió una llamada del empresario Nacif, señalado por explotación sexual infantil, en el que aplaudía a Marín, entonces gobernador de Puebla, por el Partido Revolucionario Institucional, por haber logrado la detención de la periodista, acusada por el delito de "calumnia".
El gobernador respondió satisfecho al elogio del empresario: "Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y que no hay impunidad".
Otro cómplice policial está prófugo y, según la periodista, es protegido por la policía de Puebla.
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