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Economía
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Prófugos y detenidos: estos son los empresarios salpicados por el 'Lava Jato' argentino

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Un maletín con dinero - Sputnik Mundo
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Sputnik te cuenta quiénes son los nueve empresarios argentinos detenidos o buscados tras una investigación del diario La Nación, luego de acceder a cuadernos y materiales que pertenecían al chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del ministerio que planificaba la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas.

Oscar Centeno conducía el coche de Baratta, secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha de Julio de Vido, extitular de la cartera durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

En ese tiempo, llevó en sus cuadernos un registro minucioso de las presuntas sumas de dinero en efectivo que transportaba, así como direcciones, fechas y nombres de funcionarios y empresarios.

"Es la primera vez que caen empresarios de peso que no están estrictamente vinculados a la política ni son los testaferros del poder. Se trata de empresarios que lograron construir sus fortunas al calor de la obra pública desde antes del kirchnerismo. Con este escándalo queda demostrado que era real que había coimas", dijo a Sputnik Facundo Sonatti, periodista argentino especializado en familias empresarias.

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Según la Fiscalía argentina, cerca de 160 millones de dólares fueron transportados en bolsos entre octubre de 2005 y noviembre de 2015. En los cuadernos del chofer había más de 30 domicilios donde se recogieron los bolsos, mientras que otras direcciones se utilizaban como 'refugios' o 'búnkeres'.

Baratta, que había sido excarcelado en otras causas, vuelve a estar detenido, mientras que Julio de Vido sigue en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra en prisión preventiva por la investigación de varias causas en su contra.

Estos son los perfiles de los empresarios involucrados:

"Hay dos apellidos sobresalientes: Carlos Wagner, dueño de una constructora importante, y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante los Gobiernos de los Kirchner; y Armando Losón, un rosarino dueño del Grupo Albanesi, el mayor distribuidor minorista de gas envasado de Argentina", sostuvo Sonatti.

Carlos Wagner: expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Wagner demoró en entregarse y permaneció prófugo durante algunas horas luego de la explosión del escándalo. Durante el Gobierno kirchnerista, este empresario estuvo a la cabeza de la gremial empresarial de los constructores y tuvo un acercamiento especial a las altas esferas de poder, consigna el diario Perfil.

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Por estas características se lo ha apuntado como una de las personas que más información puede tener sobre la asignación de obra pública durante el período que encabezó la Cámara. El empresario está salpicado por las investigaciones de la operación 'Lava Jato', iniciada en Brasil y que reveló una trama sistemática de pago de sobornos a cambio de concesiones estatales en varios países de América Latina.

Esuco, la empresa constructora de la que Wagner es accionista, ejecutó un proyecto de una planta depuradora en Berazategui para la estatal Agua y Saneamiento de Argentina (AySA). El proceso de adjudicación del mismo fue presuntamente una puesta en escena, pues de antemano habría sido fijado, de acuerdo con la causa del juez Sebastián Casanello.

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En un fallo citado por La Nación, se sospecha "la existencia de un acuerdo entre empresarios (oferentes) y funcionarios públicos, que se concretó en el reparto de obras, en condiciones beneficiosas para los privados por fuera de las previsiones originales, y también en los aumentos de precios".

Armando Losón: presidente de Albanesi constructora

"Losón no tiene ninguna vinculación directa con la política, ni siquiera con las cámaras empresariales. Se trata de un rosarino dueño del Grupo Albanesi, el mayor distribuidor minorista de gas envasado de Argentina", agregó el periodista.

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La constructora Albanesi, fundada en 1929 por el abuelo de Losón, se ha ido perfilando hacia los proyectos energéticos y ha sido ejecutora de varios contratos con los Estados provinciales y federal desde la época de 1970.

Según el portal Río Negro, en un inicio la firma se dedicó a la comercialización de gas y, a partir de 2004, ha virado hacia la compra y construcción de plantas térmicas generadoras de electricidad.

En total maneja 1.500 megavatios en 10 centrales térmicas en toda Argentina. Entre ellas está la central Roca, ubicada en la provincia de Río Negro. Albanesi compró en 2013 esta instalación, que estaba fuera de servicio desde 2009 debido a un accidente que destruyó su turbina.

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Además, la empresa comercia cerca de un 10% del gas natural que se consume en el país, de acuerdo con portal rionegrino. El cambio de signo de Gobierno no ha afectado al negocio: Albanesi ha ganado contratos a partir de la llegada de Mauricio Macri en el rubro de las energías renovables para aportar 520 megavatios al sistema.

El escándalo que salpica a Losón estalló en vísperas de la colocación de bonos de una empresa subsidiaria para captar financiación en los mercados y hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. La operación debió ser frenada para evitar un desplome en los precios, precisó el diario Perfil. El presidente fue licenciado de su cargo.

Javier Sánchez Caballero: exgerente general de IECSA

"Luego aparecen ejecutivos de otras grandes constructoras de peso como el caso de Sánchez Caballero, exejecutivo de la ex IECSA, constructora de la familia Macri durante décadas, y que en 2007 Franco Macri [padre del presidente argentino] le vende a su sobrino Ángelo Calcaterra por unos 40 millones de dólares. Esa firma aparece ligada a varios casos de corrupción, no solo aquí sino también en el Lava Jato de Brasil", explicó Sonatti.

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Sánchez Caballero es señalado como "la mano derecha" de Calcaterra, según el canal informativo Todo Noticias. IECSA estuvo en el centro del torbellino Odebrecht por la presunta entrega de coimas a cambio de la concesión del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las principales obras de infraestructura en Argentina en los últimos años, asignada durante el Gobierno kirchnerista.

En ese proyecto, la empresa propiedad de Calcaterra estaba asociada con Odebrecht. El exgerente general, Sánchez Caballero, podría ser presuntamente el nexo en la entrega de sobornos a funcionarios para hacerse de los contratos.

Francisco Valenti: directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa, prófugo)

"Otro caso interesante es el de la empresa mendocina Impsa, de los Pescarmona, que paradójicamente fueron muy críticos durante el kirchnerismo porque no ganaban obras. Es llamativo que vaya preso un ejecutivo por pago de sobornos de una empresa que supuestamente no ganaba licitaciones", apuntó Sonatti.

Valenti ocupó durante muchos años la vicepresidencia de Impsa, dedicada a la generación de energía y obras asociadas. El ejecutivo pasó a formar parte del directorio de la empresa en mayo de 2018, consigna el periódico mendocino Los Andes.

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Este empresario mencionado en los polémicos cuadernos no ha sido detenido aún, pues se encuentra en Asia. No obstante, su domicilio fue allanado. Allí se secuestró documentación y un vehículo, indica el rotativo. Hasta el momento, no han trascendido detalles de su vinculación a la trama que lo vincula con Roberto Baratta y Julio de Vido.

No es la primera vez que se lo vincula al titular de la cartera de Planificación Federal durante los Gobiernos kirchneristas. En 2006, el diario paraguayo ABC Color lo acusó de "operador de Impsa", unas declaraciones que fueron categóricamente rechazadas por Valenti en su respuesta al medio guaraní, abunda Los Andes.

Juan Goicoechea: expresidente de la filial argentina de Isolux Corsán (prófugo)

Durante el kirchnerismo, la empresa española representada por el abogado cordobés Goicoechea, se hizo de varios contratos de relevancia, indica La Nación. El más notorio fue la central térmica a carbón en la localidad de Río Turbio (Santa Cruz), que nunca llegó a operar, a pesar de haber sido inaugurada por Fernández de Kirchner.

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La obra, de gran envergadura, terminó costando una cifra muy superior a la planificada inicialmente. El exministro De Vido está preso y procesado en esta causa por fraude. En marzo, el Gobierno de Macri rescindió el contrato con Isolux Corsán por un incumplimiento en las condiciones pactadas. Posteriormente, la firma española removió a toda su cúpula a raíz de una investigación interna.

Aún no fue detenido, pues el escándalo lo sorprendió en sus vacaciones de invierno, aunque podría entregarse al regresar a Argentina o a la Justicia, puesto que no se sabe si está dentro o fuera de fronteras.

Carlos Mundin, directivo de la empresa BTU S.A.

Mundin es ejecutivo de BTU, una empresa de obra pública fundada en 1982 dedicada a la construcción de gasoductos, compresoras de gas y otras infraestructuras de ese orden. Su nombre está vinculado a dos escándalos de corrupción de entidad: el 'Lava Jato' y 'Skanska', según consigna El Tribuno de Salta.

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En 2016, el Gobierno nacional suspendió dos obras en gasoductos adjudicadas a  Odebrecht en la provincia de Salta. La medida se debió una diferencia de precio del 400% en comparación con una obra similar en la provincia de San Luis. En los polémicos proyectos, la multinacional brasileña había subcontratado a BTU.

Asimismo, la empresa sueca Skanska reconoció que en 2005 pagó comisiones indebidas para adjudicarse obras de plantas compresoras en el Gasoducto Norte.

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BTU fue una de las compañías que, en 2005, construyó plantas compresoras para ampliar el Gasoducto Norte. Otra empresa constructora que participó de esas obras fue Skanska. La multinacional sueca admitió el pago de "comisiones indebidas" a funcionarios del Ministerio de Planificación para adjudicarse las obras. Las mismas fueron presupuestadas por la empresa con un importante sobreprecio.

Walter Fagyas: expresidente de Energía Argentina S.A. (Enarsa)

No es la primera vez que este empresario está sometido al banquillo. El extitular de Enarsa estaba implicado en la causa 'Gas Licuado' (2017), también a cargo del juez federal Bonadío.

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Este caso se centró en denuncias de diputados oficialistas contra altos funcionarios kirchneristas —entre ellos, De Vido— por el presunto pago de comisiones y licitaciones con precios inflados en la importación de gas natural licuado.

Según la denuncia, Argentina pagó unos 7.000 millones de dólares más por el combustible entre 2008 y 2015. Fagyas, procesado como coautor de la maniobra por estar a la cabeza de la empresa que intermediaba en la compra, acusó a uno de los peritos que sostuvo esta hipótesis de no haber proporcionado la información correcta y utilizar parámetros equivocados para establecer la supuesta irregularidad, según el periódico Ámbito Financiero.

Gerardo Ferreyra: vicepresidente de la empresa Electroingeniería

Este empresario no ocultó nunca su cercanía ideológica con el Gobierno kirchnerista. Ferreyra es uno de los dueños de la Radio del Plata, uno de los medios afines a la gestión anterior y crítico férreo de Mauricio Macri.

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Electroingeniería, un grupo empresarial surgido en la provincia de Córdoba, inicialmente vendía dispositivos para el manejo eléctrico de casa y empresas, según un artículo del diario cordobés La Voz del Interior. Este emprendimiento comenzó a crecer y a exportar servicios, pero fue "cuando el kirchnerismo arribó al poder" que se dio su "gran despegue", indica la nota de ese medio.

La cercanía entre Ferreyra y Carlos Zannini —secretario legal y técnico de los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández—, forjada en la militancia y la posterior detención ilegal en los años 70 en plena dictadura, es un motivo de sospecha sobre la adjudicación de grandes obras para Electroingeniería, particularmente la construcción de redes de alta tensión y de represas, consigna La Voz.

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Durante su detención, Ferreyra defendió su inocencia ante los medios. "No sé por qué estoy detenido, esto es un show mediático, yo no pagué coimas", aseguró, según consigna el portal Infobae.

Jorge Neira, gerente comercial de Electroingeniería, también fue detenido por la causa. De acuerdo con La Voz, la compañía afirmó que toda su documentación está a disposición de la Justicia y que los directivos fueron requeridos por "averiguación de delito".

"A partir de estos casos se puede ver por primera vez de forma clara el entramado de los políticos con los empresarios, y esto recién empieza. Seguramente pronto comiencen a caer más apellidos de peso", concluyó el periodista argentino Facundo Sonatti.

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