Operación Vesta, ese es el nombre del plan ofensivo que llevaron a cabo FGN, Policía Nacional, Migración Colombia, Armada Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, para capturar y desmantelar la red de explotadores que se había instalado en el sector turístico de la ciudad portuaria caribeña.
En el mayor operativo contra el turismo sexual de menores de edad en #Cartagena, se realizaron 13 allanamientos y 7 registros de Policía con medidas cautelares, además de seguimiento a 5 centros hoteleros. El operativo #Vesta dejó como resultado la captura de 18 personas pic.twitter.com/Feevf2ArWO
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 29 de julio de 2018
Según uno de los comunicados que la FGN publicó sobre el caso, la investigación permitió "identificar las principales estructuras" de funcionamiento de la red, "ubicar a sus presuntos integrantes" y "detectar a sus contactos internacionales".
Sitios con una alta afluencia de turistas en el centro histórico de Cartagena, como la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches, eran algunos de los lugares donde los explotadores captaban a las niñas y jóvenes. Una vez reclutadas les definían rutinas y horarios, y las obligaban a ejercer la prostitución. "Verdaderas esclavas del siglo XXI", se lee en el comunicado.
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Muchas de las víctimas son migrantes venezolanas en situación "de vulnerabilidad", asegura la FGN. Las niñas y adolescentes están siendo atendidas por las autoridades colombianas para el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
El caso tomó notoriedad pública no sólo por la cantidad de víctimas niñas y adolescentes y la magnitud de la red, ni por el hecho de que las vejaciones se realizaban en lugares emblemáticos de la ciudad, sino también porque hubo funcionarios públicos involucrados, como los señores Javier Tovar y Naymiro Cabarca, integrantes de la Policía Nacional, que eran sobornados "para abstenerse de cumplir con su deber y no capturar a los turistas que pagaban por servicios sexuales", que serán imputados por el delito de concusión.
En esa lista también está el capitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional, Raúl Danilo Romero Pabón, contra quien "hay abundante material probatorio que lo señala de ubicar por redes sociales niñas menores de 14 años, abusar de ellas, comprar su silencio y ordenarles que se tatuaran su nombre en partes del cuerpo", aseguró la FGN.
#ATENCIÓN #Fiscalía, @PoliciaColombia, @MigracionCol, @armadacolombia y @ICEgov dan el mayor golpe contra el turismo sexual de menores de edad en #Cartagena. 18 presuntos cabecillas de proxenitismo y supuestos depredadores sexuales nacionales y extranjeros fueron capturados pic.twitter.com/lm6Y3bFq0S
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 29 de julio de 2018
El oficial fue separado de su cargo en la Armada y el sábado 28 de julio aceptó los cargos que se le imputaron en su contra. Junto a él cayeron Hilary Patricia Madero, quien supuestamente contribuía a ubicar a las niñas de las que abusaba Romero Pabón, y John Padilla, el tatuador y también perpetrador sexual.
La red de explotadores no sólo funcionaba en Cartagena, las niñas y adolescentes también eran captadas para someterlas como esclavas sexuales en otros países del Caribe.
Liliana del Carmen Campos Puello, alias "Madame", fue una de las principales detenidas por ese delito. "Sería la mayor proxeneta de la ciudad y la encargada de manejar un corredor sexual en la zona de las playas, contaría con una capacidad logística y contactos a nivel internacional para realizar eventos que demandan servicios sexuales de varias mujeres", publicó la FGN.
Dude de ofertas laborales atractivas en otros países, con gran salario y trámites fáciles. Si conoce actividad sospechosa o es víctima de trata de personas, denuncie en #Colombia al 018000522020 o desde el celular al 122, y desde el exterior al 0180009197478 #EsoEsCuento pic.twitter.com/08rmqKqIVF
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 30 de julio de 2018
La explotadora contactaba a niñas y adolescentes en Cartagena, les hacía ofrecimientos laborales en el extranjero, las ayudaba con los trámites para obtener el pasaporte y otros requisitos y, al momento de viajar, les daba un dinero para la manutención de los primeros días.
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Una vez que las víctimas llegaban al país, se encontraban con "una realidad muy distinta": las despojaban de sus documentos, las encerraban y las explotaban sexualmente.
Campos Puello está imputadas por penas que pueden llegar hasta los 23 años de prisión. La FGN también publicó que la señora tiene antecedentes por tráfico de heroína y permanencia e ingreso irregular a Estados Unidos.
Fiestas sexuales
El caso también dejó en evidencia "encuentros sexuales masivos con niñas y adolescentes organizados por turistas extranjeros", se lee en la página de la FGN; Cartagena es destino turístico para el consumo de drogas y explotación sexual.
También perdieron el derecho de dominio los hostales Artún de San Agustín y Tropical, ubicados en la ciudad antigua, y Casa Ilan, en Bocagrande.
Los bienes son avaluados en algo más de 10.000 millones de pesos colombianos (unos 3,5 millones de dólares), y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos del Estado.
"Turismo Sexual de Menores" ❓ ❓ ❓
— Alba Lizarazo Solano 🌷⭐ (@SoyAlbaLiz) 30 de julio de 2018
Que recuerde es explotación sexual de menores, una de las formas modernas de esclavitud!
Dicho de esa manera pareciera que no fuese un delito como tal.
Otros detenidos
Liad y Samu: israelíes, presuntos "líderes del concierto para delinquir y los delitos contra la libertad y el honor sexual".
Iván: ciudadano venezolano facilitador de la explotación.
Ana Torres y César Bernal: administradores de algunos hoteles de la ciudad vieja que "con conocimiento y aquiescencia habrían permitido actos sexuales" contra las jóvenes en los establecimientos a su cargo. "Serán imputados por el delito de estímulo a la prostitución de menores (10 a 14 años de prisión)".
Con orden de detención
José Caballero: perpetrador, que una vez capturado será imputado por "demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años", que puede significar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Assi Mosh: cabecilla de la organización, quien fue expulsado de Colombia en 2017.
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También se está intentando capturar a dos ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro argentino. Todos tienen pedidos de extradición por ser perpetradores que realizaban sus vejámenes en la Torre del Reloj. La FGN señala que la pena puede llegar a ser de hasta 37 años y medio por ser turistas.
