"Ha habido distintas interpretaciones respecto de la pérdida del fuero porque la norma constitucional no lo establece de manera simple, sino que dice que si renuncia se pierde el fuero, excepto que el delito tenga relación con el cargo que desempeñe, y en eso ha habido diferentes interpretaciones, unas más laxas que otras", dijo Charry a esta agencia.
Charry, quien asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, señaló que es la misma Corte la que debe pronunciarse sobre su competencia en el caso tras ser notificada de la renuncia de Uribe.
Uribe, quien se encuentra en su finca en Rionegro (noroeste) recuperándose de una fractura, aún no presentó de manera formal su renuncia ante el Senado en Bogotá, aunque el presidente del Senado, Ernesto Macías, había dicho que la carta con la dimisión llegaría el 28 de julio.
Sin embargo, Macías, del mismo partido derechista de Uribe, viajó a Rionegro para convencerlo de que no dimita.
La Corte Suprema anunció el 24 de julio la apertura de una investigación formal a Uribe por soborno y fraude procesal.
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Uribe está acusado de comprar y presionar a testigos para que declararan en contra del senador izquierdista Iván Cepeda y lo relacionaran con actividades delictivas para afectar su carrera política.
Los críticos de Uribe, incluido Cepeda, sostienen que el anuncio buscaba eludir que el proceso lo lleve la Corte Suprema y pase directamente a la fiscalía.
"Una cosa es ser procesado por un magistrado de la Corte Suprema y otra por un fiscal ordinario, son cosas totalmente distintas", dijo Cepeda a la emisora estatal Radio Nacional.
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Uribe se defendió en Twitter señalando que "nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte".
Las normas
Charry precisó a Sputnik que "antes era prácticamente automático que si un senador renunciaba, la Corte enviaba la investigación a la autoridad ordinaria, es decir, a la fiscalía; pero desde hace siete años adoptó un análisis más riguroso acerca de si el delito tiene una relación con el ejercicio del cargo".
Si la Corte se declara competente, no es fácil calcular cuánto tardaría en dar un veredicto, ya que recientemente modificó el procedimiento para investigar a los aforados y altos funcionarios del Estado.
"Antes era un procedimiento de una sola instancia y esa figura fue considerada violatoria de las garantías procesales, por lo que se acaba de establecer que sea de dos instancias y tres pasos: una sala investiga, otra sala debe juzgar en primera instancia, e incluso otra debe juzgar en segunda instancia", precisó el constitucionalista.
La dilación puede ser aún mayor si se tiene en cuenta que las salas para estos procedimientos no están listas, y la decisión de su funcionamiento y el nombramiento de los magistrados pueden tardar uno o dos años.
"Así, mientras en la Corte se lo citaría a indagatoria porque hay indicios que permiten considerar que está involucrado en la conducta delictiva, en la fiscalía debería haber elementos suficientes para acusarlo (…) pero estaría a criterio de la fiscalía establecer si lo acusa o no", acotó.
Mensaje político
Por tanto, las implicaciones de la renuncia de Uribe, si es que se lleva a cabo, son más de corte político que jurídico, sostuvo Charry.
"Uno de los puntos más discutidos del acuerdo final de paz (firmado por el actual Gobierno con la ahora disuelta guerrilla FARC en noviembre de 2016) es que sus integrantes no deberían haber llegado al Congreso sin haber aclarado su posición jurídica, lo cual no ha ocurrido", dijo Charry.
El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) creado tras la disolución de la guerrilla tiene representación en el Congreso.
"Así que el mensaje político es que ante el llamado de la justicia, el senador renuncia, mientras que los miembros de FARC que tienen que responder no han resuelto su situación jurídica y se posesionaron como congresistas", dijo Charry.
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La ficha en el tablero de ajedrez la completaría el presidente electo, el derechista y alfil de Uribe, Iván Duque, quien se posesionará el próximo 7 de agosto, también contrario a que los integrantes de FARC ocupen sus escaños sin haber sido juzgados.
Uribe se convirtió en las elecciones legislativas del 11 de marzo en el senador más votado en la historia de Colombia, pues obtuvo 864.000 votos, pero una eventual condena podría significarle entre cuatro y seis años de prisión.
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Aparte del caso por el cual anunció su dimisión, la Corte Suprema también le adelanta investigaciones por su posible participación en la publicidad engañosa para el plebiscito por la paz, por presuntos vínculos con grupos paramilitares, presión a testigos, injuria y calumnia, y responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (municipios de Antioquia), cometidas por paramilitares en los años 90.
