"Respaldamos el reclamo de la familia de la necesidad de tener la información completa", entendiendo "que la centralización [del caso] son las familiares de las víctimas, levantamos ese reclamo", dijo el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH e integrante del ESE, Édison Lanza, en una rueda de prensa en Quito.
Sus declaraciones se dan luego de que las familias de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas denunciaran que la información desclasificada que les entregó el Gobierno en mayo pasado y que fue revelada el 25 de julio estaba compuesta en su mayoría por notas de condolencia y boletines de prensa.
En ese aspecto mencionó, por ejemplo, que el comité de crisis que se organizó tras conocer el secuestro del equipo de diario El Comercio sí entregó en su momento informes a las familias sobre lo ocurrido, "pero hoy [26 de julio] confirmó que hay otra información que no fue entregada y que obra en el expediente de la fiscalía".
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Asimismo, apuntó que si bien en mayo la documentación que les entregaron "pudo tener un sentido" al momento podría no guardar "mayor relevancia".
También mencionó que el ESE trabajará en cuatro aspectos: el primero, el contexto de la frontera y los episodios previos de violencia en los que los grupos irregulares "empiezan a tener más fuerza".
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El segundo eje abordará la protección y seguridad de los periodistas, pues "hoy hemos tenido el reconocimiento de la autoridad de que la situación en materia de seguridad era gravísima y, por tanto, el hecho de las medidas que se tomaron es un elemento que debe estar en las explicaciones que dé el Estado" al respecto.
El relator mencionó además que están analizando emitir conclusiones preliminares a medida que avance la investigación, por lo que en su próxima visita a Ecuador, en septiembre, "pensamos ya tener una comunicación más clara sobre dónde estamos, viendo los nudos y haciendo recomendaciones sobre la investigación".
De su lado, el vocero de las familias, Ricardo Rivas, resaltó la necesidad de que se entregue toda la información clasificada, pues "esto no es un juego, es un caso muy sensible".
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También aspiran conocer cuáles son los criterios del Gobierno para calificar como clasificada o no una documentación.
"Creo que tenemos que empezar por la conceptualización" y luego "el Gobierno debería entregar la información correspondiente respecto al caso, ellos conocen y le deben una respuesta clara al país", anotó Rivas, al tiempo de lamentar que "80%" de la documentación entregada "no sirve para nada".
Al respecto, más temprano el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, señaló que el presidente Lenín Moreno ante el malestar expresado por las familias ha dispuesto que no se permita "que ninguna institución oculte ningún tipo de información".
El ESE inició el 25 de julio sus actividades en Ecuador en una primera visita que ha incluido reuniones con las autoridades involucradas y las familias de las víctimas.
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Para septiembre y diciembre están previstas nuevas visitas del equipo investigador de la CIDH, el primero en su género que se creó luego de que el organismo emitiera medidas cautelares a favor de las familias de las víctimas.
Los cadáveres de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron hallados en Tumaco (sur de Colombia) el 21 de junio e identificados luego de realizarles varias pruebes forenses en un instituto de Cali (suroeste colombiano).
