Justo después del encuentro que Donald Trump sostuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, la inmensa mayoría de los medios de información anglosajones no sintieron escrúpulo alguno en publicar artículos donde las palabras "traidor", "vergüenza" y "humillación" parecían ser las más recurrentes.
El principal periódico de la élite financiera británica —The Financial Times— calcula que las posibilidades de que Trump sea procesado en un juicio político han aumentado después de que el mandatario "eludiera condenar a Rusia por su injerencia en las elecciones de 2016".
Para nada sirvió el prudente comentario de Putin de que, en un estado de derecho, "solo un proceso judicial puede determinar la culpabilidad o no de alguien" y que las acusaciones contra las entidades rusas "se están desmoronando" en los tribunales estadounidenses. Ninguno de los periodistas anglosajones parece haber escuchado esas palabras y continúan vendiendo a sus lectores la supuesta injerencia como un hecho probado y demostrado.
El portal estadounidense The Hill, citando a la casa de apuestas Paddy Power, apunta que después del encuentro con Putin las probabilidades de que Trump sea acusado se han elevado de 1:8 hasta 1:2. O sea, los corredores de apuestas calculan en un 33% las probabilidades de que el mandatario estadounidense pase por un proceso de juicio político.
Arresto de María Bútina como excusa para derrocar a Trump
La reciente detención en EEUU de María Bútina, una ciudadana rusa a la cual algunos medios de comunicación llamaron "espía de Putin", ha enconado aún más la situación. Lo cierto es que, según indica el propio Departamento de Justicia de EEUU, Bútina no está acusada de espionaje, sino de promover los intereses de Rusia en EEUU "sin habérselo notificado previamente a la Fiscalía General".
"Las presentaciones alegan que [María Bútina] emprendió sus actividades sin divulgar oficialmente el hecho de que ella estaba actuando como agente externo del Gobierno ruso, tal y como exige la ley. (…) La pena máxima por conspiración es de cinco años", dice la nota del Departamento de Justicia de EEUU.
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En otras palabras, la rusa no es procesada por la justicia por ser una espía encubierta que —típico de película hollywoodense— buscase infiltrarse en lo más profundo del poder estadounidense para revelar a Rusia los más resguardados secretos o socavar desde dentro la seguridad interna de EEUU. Al contrario, como muchos otros, María Bútina siempre actuó de manera abierta, asistiendo a foros, cenas y realizando en nombre de su ONG Derecho a las Armas encuentros con miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de EEUU. El delito que se le imputa es que ella no se registró como agente foráneo, un término legal con el cual el Acta de Registro de Agentes Externos de EEUU define a los grupos de interés extranjeros que operan en el país de manera totalmente legal.
Pero eso no impide a algunos medios seguir llamándola "espía rusa" con la intención de vender más portadas e intentar usar su caso para de alguna manera dañar aún más la imagen del presidente estadounidense. Es bastante probable que las conexiones de María Bútina con la Asociación Nacional del Rifle —uno de los principales promotores de la campaña presidencial de Trump— sean usadas como 'pruebas' de que el dinero extranjero (ruso) fue usado para llevar al actual mandatario a la Casa Blanca. No puede haber acusación más grave para un funcionario público de EEUU.
La joven María Bútina niega haber sido una 'agente del gobierno ruso' y durante varios meses ha cooperado con las autoridades estadounidenses. Llegó incluso a testificar de manera voluntaria ante el Comité de Inteligencia del Senado y entonces no se le encontró delito alguno. Pero el Comité es leal a Donald Trump, mientras que el Departamento de Justicia y el FBI juegan en el bando contrario.
Las bases para la impugnación de Trump
Según la Constitución de EEUU, "el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus puestos mediante un juicio político al ser acusados y declarados culpables de traición, soborno u otros delitos y faltas graves" (artículo II, sección 4). La Carta Magna no especifica qué considera "delitos y faltas graves", pero tradicionalmente bajo esos conceptos se incluyen mentir bajo juramento, abuso de poder, obstrucción a la justicia, negligencia criminal, negativa a someterse a un veredicto judicial y uso indebido de bienes públicos.
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No obstante, como bien anotó el abogado y presentador de radio Michael 'Lionel' Lebron, el sistema político de EEUU está construido de tal manera que el Congreso "puede llevar al presidente a un juicio político incluso por su peinado" y ni siquiera el Tribunal Supremo tiene el poder de impedirlo.
De momento, ningún líder de EEUU ha sido desalojado de la Casa Blanca mediante un juicio político ('impeachment', en inglés). Solo dos de ellos fueron juzgados por el Congreso: Bill Clinton en 1999 y Andrew Johnson en 1868, pero ambos fueron absueltos. Richard Nixon dimitió de su cargo en 1974, en medio de un proceso de destitución por el escándalo Watergate, lo que interrumpió su procesamiento.
Para la destitución del presidente son necesarios los votos de la mayoría del Congreso, pero si fuese así de fácil, Trump probablemente ya hubiese sido depuesto. A pesar de que los republicanos cuentan con la mayoría en ambas cámaras del Congreso, muchos de ellos son 'nevertrumpers' (los 'nunca a favor de Trump'), y consideran al actual mandatario un advenedizo que básicamente les robó el partido, sus votos y su influencia. Probablemente, muchos de ellos con gusto se unirían a los demócratas en una moción de censura simplemente para deshacerse del magnate.
El problema radica en que el proceso de 'impeachment' implica varios pasos. Primero un grupo de legisladores debe formalizar la acusación contra el mandatario y presentarla a la Cámara de Representantes —Cámara Alta del Congreso— donde el documento debe obtener la mayoría simple para iniciar el proceso. Luego, la impugnación pasa al Senado —Cámara Baja—, donde tendría lugar algo así como un proceso judicial en el cual los senadores actuarían como miembros del jurado y el presidente tendría derecho a defenderse incluso contratando abogados. Una vez culminado el 'juicio', sería necesario que dos tercios del Senado votasen a favor de la destitución.
En el caso de Trump, no sería muy difícil obtener los votos, pero el problema está en el proceso mismo.
El as bajo la manga de Trump
No es necesario ser un profeta para entender que, en caso de un intento de 'impeachment', Donald Trump no necesariamente sería el clavo bajo el martillo. En caso de que el proceso tenga lugar, el actual mandatario sin duda se las arreglaría para convertirlo en un show público, donde se posicionaría como una víctima y feroz combatiente contra lo que él algún día llamó "la ciénaga de Washington". Fue precisamente con la promesa de combatir el estrecho grupo de políticos, oligarcas, burócratas y agentes de inteligencia que mantienen el poder real sobre EEUU, que el actual presidente entró en la Casa Blanca.
Los ciudadanos estadounidenses le dieron su voto a Trump porque en su campaña presidencial se posicionó como un luchador contra el sistema y prometió "drenar esa ciénaga". En un proceso de juicio político, Trump no tendría nada más que perder y podría sacar a la luz muchas pruebas comprometedoras contra aquellos que intenten deponerlo, apelando abiertamente a aquellos que estén dispuestos a apoyarlo en su combate contra 'la ciénaga'.
Como ejemplo, podría recordar cómo Hillary Clinton trataba con negligencia información clasificada. O cómo altos cargos de la inteligencia se intercambiaban mensajes sobre cómo sacar a Trump de la carrera presidencial.
Un breve estudio de los grupos sociales de EEUU que estarían dispuestos a apoyar a su presidente debería hacer entrar en razón las cabezas más calientes en el Congreso. El actual mandatario cuenta con un significativo apoyo dentro del Ejército, la Guardia Nacional, en el llamado 'cinturón industrial' —los estados donde la manufactura es la base de la economía—, así como entre los cargos públicos de bajo y mediano rango dentro de los servicios especiales de EEUU, descontentos con que sus jefes se vean envueltos en juegos políticos en vez de realizar su labor directa, que es proteger la nación de las amenazas reales a las que tanto apunta Trump. Convencer a esos estratos sociales de que el actual mandatario es 'un agente de Rusia' es una tarea prácticamente imposible de alcanzar, sobre todo ante la total ausencia de pruebas reales que lo indiquen.
Como resultado, si aquellos grupos que quisieran ver al actual mandatario fuera de la Casa Blanca decidieran iniciar un juicio político, Trump, sin duda, contraatacaría y el país —en el mejor de los casos— se vería inmerso en una grave y prolongada crisis política o —en el peor— al borde de una nueva guerra civil.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
