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Procuraduría colombiana investiga participación de Fuerza Pública en asesinatos de líderes

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BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuraduría de Colombia (Ministerio Público) abrirá investigaciones para determinar la posible relación de integrantes del Ejército y de la policía con organizaciones criminales para asesinar a líderes sociales, anunció el procurador general, Fernando Carrillo.

"Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la Fuerza Pública involucrados en los asesinatos los líderes sociales", dijo Carrillo en declaraciones a periodistas difundidas a través de la cuenta de la red social Twitter del organismo.

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​Según el procurador, "hay una cooptación de los agentes del estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales", por lo que pidió a los alcaldes y gobernadores "que asuman la responsabilidad en la protección de la vida" de tales líderes.

Carrillo también hizo un llamado a las diferentes comunidades del país para que denuncien "si conocen de alguna relación entre funcionarios del Estado en cualquier nivel y agentes de la Fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales".

Por último consideró que pese a los esfuerzos del Gobierno para combatir el flagelo, falta comunicación con las comunidades.

Más: Continúa el exterminio de líderes sociales en Colombia

Entre el 1 de enero de 2016 y el 6 de julio de 2018 la Fiscalía General de Colombia recibió reporte de 181 casos de homicidios de líderes sociales registrados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país.

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Ante la ola de asesinatos, que se ha recrudecido en las últimas semanas, el Gobierno de Colombia anunció la puesta en marcha de un plan de intervención y de recompensas orientado a garantizar la protección de los líderes sociales, quienes en su mayoría son asesinados por disidencias del paramilitarismo y la guerrilla del ELN.

Tales grupos mantiene enfrentamientos para hacerse con las plantaciones de coca y rutas del narcotráfico que dejó la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno y posterior desmovilización, mientras que los líderes buscan la protección de sus comunidades y la sustitución de tales cultivos ilícitos.

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