"El corregidor nacional de Justicia, el magistrado João Otávio de Noronha, determinó la apertura de una investigación para estudiar las conductas del juez Rogério Favreto y del juez João Pedro Gebran Neto, ambos del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), y del juez Sérgio Moro" informó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en un comunicado.
Cuando se concluya la investigación, el CNJ podrá abrir un proceso administrativo disciplinario contra los magistrados, que en un caso extremo podría derivar en un castigo o incluso en una jubilación forzosa.
La Constitución brasileña establece que el CNJ debe velar por la independencia del poder judicial; está compuesto por 15 miembros (nueve jueces, dos fiscales del Ministerio Público, dos abogados y dos ciudadanos comunes con notables conocimientos jurídicos).
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El expresidente Lula está preso desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur) cumpliendo de forma preventiva una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción.
El pasado 8 de julio Favreto (que estaba de guardia el fin de semana), publicó una orden para soltar a Lula de forma inmediata, alegando que habían nuevos hechos que exigían que se evaluase de nuevo su condena (en referencia a que ahora ya es formalmente precandidato a la presidencia del Gobierno).
Poco después el también juez del TRF-4 Gebran Neto y el juez Moro negaron la decisión argumentando que Favreto no tenía competencias para hacerlo, pero éste insistió y dio a la Policía Federal un plazo de una hora para soltar a Lula, cosa que finalmente no ocurrió.
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El conflicto judicial se zanjo cuando intervino el presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, que bloqueó la orden de excarcelación, sin que hubiera margen para más medidas provisionales.
Por el momento todos los recursos que la defensa de Lula presentó para lograr su libertad provisional en instancias superiores (el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal) fueron negados.
Lula es el candidato del PT para las elecciones de octubre, y aunque es el favorito en todas las encuestas de opinión es poco probable que pueda presentarse, dado que la legislación brasileña impide que haya candidaturas de condenados en segunda instancia.
