"Pido al Gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques; aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia", dijo el alto comisionado, Zeid Ra'ad Hussein, en un comunicado.
"La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de derecho", subrayó el alto comisionado.
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El organismo especializado de la ONU relata que envió a un equipo de expertos a Nicaragua, que estuvieron del 26 de junio al 3 de julio, invitados por el Gobierno, "para realizar un monitoreo de los derechos humanos y apoyar el trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad".
"Sin embargo, la violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose (…) hay señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros", dice el texto.
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Añade que el equipo de Acnudh recibió denuncias de que "la presencia de individuos armados en las calles, además de elementos armados progubernamentales, habría contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad", así como a las denuncias de los partidarios del Gobierno "indicando que habían sufrido ataques y amenazas de linchamientos".
Entre el 19 de abril y el 2 de julio fallecieron 309 personas por enfrentamientos entre la Policía, oficialistas y manifestantes opositores, según un informe de la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
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Por su parte, basándose en la "información recibida de varias fuentes", estima el balance de las protestas en Nicaragua en alrededor de 250 muertos y miles de heridos.
"Fuentes del Gobierno señalan que 12 agentes de Policía también fallecieron; asimismo, más de 700 personas habrían sido detenidas arbitrariamente, y algunas de ellas presuntamente sometidas a malos tratos, también se han reportado casos de desapariciones", agrega el organismo.
