"La supervisión del proceso de contratación del gobierno de Puerto Rico es necesaria para aumentar la efectividad y la transparencia de las finanzas del sector público y aumentar la fe del público en el proceso", precisó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, según consignó el 4 de julio el diario puertorriqueño El Nuevo Día.
Según este medio, los contratos de diez millones de dólares o más ya requerían la aprobación de la junta; sin embargo, a partir de ahora se exigirán además declaraciones firmadas por las dependencias del Gobierno.
La JSF exige además detalles sobre "la compensación, relaciones con terceros, potenciales conflictos de interés y cualquier acción con el propósito de influenciar oficiales públicos en conexión con la adquisición, negociación o ejecución de un contrato".
La certificación debe llevar la firma del principal funcionario ejecutivo de la agencia u otro oficial con autoridad para suscribir ese tipo de documentos, señaló el periódico puertorriqueño.
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En octubre del año pasado, la JSF exigió la revisación de los contratos superiores a diez millones de dólares luego del escándalo por el contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla firmó con la empresa Whitefish por 300 millones de dólares, en lugar de activar los acuerdos de apoyo mutuo con empresas públicas de EEUU.
Refugiados en EEUU
Por otra parte, el 2 de julio un juez federal de EEUU ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de ese país (FEMA, en inglés) que extienda hasta el 23 de este mes un programa de ese organismo que brinda vivienda y asistencia a unas 1.700 personas que están viviendo en hoteles y moteles de varias ciudades estadounidenses tras perder sus hogares a causa del huracán.
El 23 de julio la justicia decidirá si vuelve a extender el plazo del programa.
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María tocó tierra en la isla el 20 de septiembre de 2017, con fuertes vientos, tormentas e inundaciones que provocaron muertes, la caída de árboles, severos daños en viviendas y el colapso de los sistemas de electricidad en todo el territorio.
El Gobierno de Puerto Rico fue criticado desde los primeros días tras el paso del huracán, primero por no dar cifras oficiales y luego, una vez que se conocieron los primeros datos, por la sospecha de que los números aportados por las autoridades no se condecían con la realidad.
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