En sus conclusiones, el Consejo Europeo señala la necesidad de aplicar "un nuevo enfoque, basado en acciones compartidas o complementarias entre los Estados miembros para el desembarco de los rescatados" y "estudiar lo antes posible el concepto de plataformas regionales de desembarco, en estrecha cooperación con los terceros países implicados, así como con el Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones)".
"En el territorio de la UE, habrá que hacerse cargo de los rescatados de acuerdo con el derecho internacional, sobre la base de un esfuerzo compartido, mediante la transferencia exclusivamente voluntaria a centros controlados que se establezcan en los Estados miembros, donde un procedimiento rápido y seguro permitirá, con pleno apoyo de la UE, distinguir entre los migrantes irregulares, que serán devueltos, y aquellos que necesiten protección internacional".
"Todas las medidas que se tomen en el contexto de estos centros controlados, incluyendo la reubicación y el reasentamiento, serán de carácter voluntario, sin perjuicio de la reforma de Dublín", subraya el documento.
Desde 2015, los Veintiocho pusieron en marcha una serie de medidas para lograr el control efectivo de las fronteras exteriores de la UE.
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Como resultado, el número de cruces ilegales de las fronteras comunitarias disminuyó en un 95% en relación con su nivel máximo, registrado en octubre de 2015, aunque últimamente se observa cierta remontada en las rutas del Mediterráneo Oriental y Occidental.
Ante el aumento de los flujos migratorios en el Mediterráneo Occidental, la UE apoyará con recursos financieros y de otra índole los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, así como de los países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para prevenir la migración ilegal.
