"Nosotros antes de que terminara todo esto, cuando todavía se estaba negociando, y estaban duros en la negociación, nosotros ordenamos una investigación administrativa externa", dijo Bonomi a la agencia.
"Son armas que tiene la policía, son de munición no letal; no son ingresadas, son armas que están adentro. Igual es grave esa foto, porque, ¿cómo acceden a las armas?", se preguntó el ministro.
En la imagen se ve asimismo a otro preso que apunta a los policías con un "corte" arma casera manufacturada con un objeto metálico cortante.
Anteriormente la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior informó que el motín de 33 reclusos en una cárcel de las afueras de la capital uruguaya culminó con la liberación de tres policías que permanecían como rehenes.
"Culminó el amotinamiento del Módulo 12. Fueron liberados los policías retenidos quienes serán derivados al Hospital Policial", informó la Unicom en la red social Twitter.
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La mujer policía fue liberada por los presos en el correr de la mañana y posteriormente fueron liberados los otros dos agentes.
Las autoridades no mencionaron la situación de uno de los reclusos, supuestamente tomado también de rehén, según una de las conversaciones telefónicas entre los amotinados y el negociador del Gobierno, Gonzalo Larrosa, director del Instituto Nacional de Rehabilitación.
Los amotinados pedían, según ese audio, un monto de 150.000 pesos (algo más de 5.000 dólares) a un empresario padre de ese compañero de celda.
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Asimismo, el Ejército de Uruguay informó este viernes a través de Twitter que en la madrugada efectivos militares frustraron un intento de fuga de tres reclusos de Santiago Vázquez.
El informe de este año del comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, indica que el 44% de los reclusos del país viven en malas condiciones y que el 30% sufren tratos crueles o degradantes.
Petit alertó en su trabajo que hay un sector con unos 25 internos en el Módulo 12 de Santiago Vázquez donde se aplica el confinamiento en solitario, lo que viola la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, adoptada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por este país sudamericano.
Uruguay ocupa el puesto 28 en el ranking mundial en materia de proporción de reclusos, con 321 presos cada 100.000 habitantes.
