Buena parte de los 74 artículos del proyecto presentado por el Gobierno de Juan Manuel Santos se aprobaron sin objeciones, informa el diario El Tiempo.
La primera prohíbe a la JEP solicitar pruebas de casos de extradición y limita sus competencias a revisar las fechas de comisión de los delitos, indicó Caracol Radio.
El sistema de justicia transicional de la JEP establece unos beneficios penales para los procesados por crímenes vinculados al conflicto armado siempre que estos se hayan cometido antes de la firma de la paz entre el Gobierno y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016.
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La segunda modificación congela todos los juicios a miembros de la fuerza pública (Fuerzas Armadas y policías) hasta que, mediante una reforma constitucional, se cree una sala especial dentro de la JEP con nuevos magistrados para procesarlos de manera diferencial y única.
El texto aprobado por el Senado deberá ser conciliado con el que votó la Cámara de Representantes antes de que pueda ser sancionado por el presidente.
Las jerarquías militares pidieron en una carta al Senado que se aprobara el proyecto tal como lo había presentado el Gobierno.
La misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia exhortó el martes al Estado a hacer a un lado los obstáculos que impiden el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado.
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La ONU destacó que la JEP, en funcionamiento desde marzo, continúa tres meses después de su instalación sin las normas de procedimiento requeridas para dar mayor seguridad jurídica a las decisiones de sus magistrados.
