Ese inédito acuerdo fue posible gracias a negociaciones que jamás habían sido fructíferas desde que en los años 90 el país firmó con EEUU y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las negociaciones comenzaron tres meses después de que Peña Nieto ganara las elecciones de julio de 2012, logrando el regreso del longevo PRI a la residencia oficial de Los Pinos, que había perdido en el año 2000 por primera vez en siete décadas.
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Nuño y Videgaray negociaron con los líderes de los dos principales partidos opositores: Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Revolución Democrática (PRD, centroizquierda); y pocos días antes de la toma de posesión de diciembre de aquel año, el corazón del pacto estaba listo.
Peña Nieto eligió el emblemático Castillo de Chapultepec para su pomposa firma con los líderes de las bancadas opositoras y del PRI en el Congreso, un día después de asumir el mandato de seis años, que culminará en diciembre de 2018.
El pacto consta de cinco ejes: derechos y libertades; crecimiento económico, empleo y competitividad; seguridad y justicia; transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y gobernabilidad democrática.
Para la prensa internacional, sobre todo la estadounidense, había nacido el "Mexican Moment" (Momento de México), marcado sobre todo por la reforma energética, que puso fin al prolongado monopolio estatal sobre esa industria, que se remontaba a la nacionalización petrolera de 1938, ejecutada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
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Esa reforma permitió que empresas petroleras de todo el mundo comprometieran inversiones que al final del mandato de Peña Nieto sumarían hasta 200.000 millones de dólares, para relanzar la alicaída industria petrolera, con una producción que se derrumbó en 14 años de 3,4 a 1,9 millones de barriles diarios este año.
Límites
También la aplicación de la reforma educativa aprobada por el Congreso en febrero de 2013 comenzó a mostrar las grietas de la base social que las soportaba.
Los enclaves de ese movimiento están en los estados más pobres del sur del país, como Oaxaca, donde el 19 junio de 2016 una operación policial para desalojar a manifestantes que bloqueaban una carretera federal en protesta contra la reforma, resultó en tragedia cuando el violento desalojo de las fuerzas del orden causó la muerte de ocho personas y dejó decenas de heridos.
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Al mismo tiempo surgieron escándalos de corrupción, la mayoría entre gobernadores del oficialismo, que incluso tocaron las puertas de la residencia presidencial de Los Pinos.
Una investigación periodística descubrió a finales de 2014 que la esposa del mandatario, la exactriz de telenovelas Angélica Rivera, había comprado con facilidades una mansión en unos cuatro millones de dólares a un amigo del presidente y contratista del gobierno, y se vio obligada a vender la "Casa Blanca", llamada así por el color de la lujosa residencia.
Ese caso no fue aislado; progresivamente, la violencia que había marcado al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fenómeno que había cedido en los primeros dos años, comenzó a repuntar hasta llegar en 2017 al "año más violento" de la historia contemporánea del país latinoamericano, con 25.339 homicidios dolosos, según cifras oficiales del Consejo de Seguridad Nacional.
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La política de seguridad de Peña Nieto trató de reducir la violencia en vez de atacar a las organizaciones criminales de México de manera frontal, como lo había hecho Calderón, arrestando a la gran mayoría de los más de 120 "objetivos", como llaman las autoridades a las cabezas del crimen organizado.
En esa materia ocurrió su mayor fracaso: la promesa de bajar la tasa de homicidios en México a menos de la mitad no solo fue imposible, sino que el propio proceso electoral de las elecciones del 1 de julio quedó ensangrentado con el asesinato de casi 130 alcaldes, políticos y candidatos al poder local, fenómeno nunca antes padecido en este país.
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La asunción en enero de 2017 de Donald Trump como presidente de EEUU, fue otro punto de quiebre de la estrategia presidencial mexicana.
Peña Nieto argumenta que durante su mandato la inversión acumulada en cinco de los seis años de su administración ascendió a 156.000 millones de dólares, un récord para un sexenio, pero que no se reflejó en la superación de los rezagos sociales, en un país donde hay más de 50 millones de pobres.
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Finalmente, su política social estelar, bautizada 'Cruzada Nacional contra el Hambre' sencillamente quedó en el olvido, a pesar de que fue diseñada con base en los objetivos del programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas.
El candidato elegido por Peña Nieto para buscar la sucesión presidencial, Jose Antonio Meade, un exministro de su gabinete, llegó relegado al tercer lugar en las encuestas, que lideran el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y el centrista Ricardo Anaya en segundo lugar, en la semana anterior a las elecciones de este domingo 1 de julio.
