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Informe de CIDH denuncia 212 muertos y 1.337 heridos por violencia política en Nicaragua

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WASHINGTON (Sputnik) — Los operativos represivos del Gobierno de Nicaragua contra protestas opositoras dieron como resultado al menos 212 muertos y 1.337 heridos, sostiene un informe presentado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Según cifras relevadas por la CIDH, la acción represiva del Estado ha producido al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio", dice el informe "Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua".

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Además, "cientos de personas [se encuentran] en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación", añade el documento de 97 páginas, presentado por la CIDH en una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos destinada a discutir la situación nicaragüense.

El informe está basado en los hallazgos de una misión que la CIDH despachó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo, encabezada por la comisionada Antonia Urrejola, además del monitoreo de acontecimientos ocurridos en las semanas posteriores.

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El objetivo de esa misión fue constatar en el terreno la situación de derechos humanos en el país centroamericano desde que estallaron las manifestaciones opositoras el 18 de abril.

La CIDH concluye que "la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político".

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Dicha violencia, según el informe, ha seguido un patrón común, marcado por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza, el empleo de grupos parapoliciales o de choque, "con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales".

Otras características de la respuesta del Estado a las protestas son los obstáculos para que los heridos reciban atención médica oportuna, como forma de represalia, detenciones arbitrarias de jóvenes manifestantes, campañas de estigmatización, censura, amenazas e intimidaciones a líderes sociales y falta de diligencia para investigar las muertes y lesiones ocurridas, señala el informe.

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Los principales afectados de la represión son, según el documento de la CIDH, los manifestantes y, entre ellos, los estudiantes universitarios, las personas que realizan los "tranques" (bloqueos de vías), los defensores de derechos humanos, los periodistas y los miembros del clero.

Por otra parte, el informe da cuenta también del uso de violencia por parte de actores civiles.

"Según la información al alcance de la Comisión Interamericana, algunos manifestantes han comenzado a emplear medios violentos", dice el informe.

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Entre estos, se detalla que "particulares y grupos de civiles han atacado a las fuerzas de seguridad, grupos de choques, personas y medios afines al Gobierno. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos cinco policías han perdido la vida y 65 han resultado lesionados en el contexto de las protestas".

Además, indica la CIDH, el Estado denunció un aumento de actos violentos contra fuerzas de seguridad, grupos de choques, personas simpatizantes al Gobierno, así como actos de vandalismo cometidos por grupo "armados" y "encapuchados", sobre todo en los departamentos de Managua, León, Carazo y Jinotega.

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El Estado nicaragüense reportó asimismo a la CIDH más de 100 hechos de violencia, entre ellos 40 sucesos de quema o daño de instalaciones a propiedades gubernamentales o del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 29 secuestros, 33 robos y 17 asesinatos o muertes violentas a individuos ligados al Gobierno y al FSLN.

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El Gobierno de Daniel Ortega sostuvo en sus observaciones al informe de la CIDH que lo "rechaza de manera integral" por "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición".

Asimismo, el Estado nicaragüense hizo notar que los hechos analizados por la CIDH no ocurrieron "en el marco de protestas sociales, sino en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar a las autoridades legítimamente electas y derrocar al Gobierno".

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Las autoridades y los grupos opositores intentaron, con mediación de la Iglesia Católica, un mecanismo de diálogo que pusiera fin a la crisis.

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La última sesión, celebrada el 18 de junio, se suspendió por falta de consenso.

Mientras la oposición y los obispos reclamaban que el Gobierno cursara invitaciones a misiones internacionales de la CIDH, las Naciones Unidas y la Unión Europea para que investiguen de manera independiente los hechos de violencia, las autoridades exigieron el cese inmediato de los bloqueos de vías que afectan el comercio, la distribución de alimentos y el derecho al trabajo.

Medios locales reportaron esta semana que el Gobierno de Ortega cursó las invitaciones a los organismos internacionales.

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