"No hemos pensado en la cooperación eficaz", indicó Oviedo.
Romero fue vinculado al caso por la Justicia el 31 de mayo pasado como autor mediato por el delito de asociación ilícita y secuestro.
Al respecto aseguró que "se negó a mentir".
El exjefe de Inteligencia ha insistido en que ni él ni Correa tienen relación con el caso, a pesar de los testimonios de exfuncionarios que aseguran que el operativo contra Balda fue ordenado desde la casa de Gobierno.
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El abogado indicó que su cliente no se presentó a rendir su versión de los hechos desde la Embajada de Ecuador en España "en virtud de una sugerencia, un consejo legal del grupo de abogados" que lo asesora en ese país.
Añadió que el pedido de asilo político realizado por su defendido "fue solicitado antes de la vinculación (al caso)" y que ese trámite se lleva a la par del requerimiento de extradición demandado por Ecuador.
Para Oviedo los testimonios proporcionados por quienes incriminan al exmandatario y a su cliente "tenían un guion" y "no son contundentes", pues "existen contradicciones que van a ser demostradas en el proceso".
El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.
El exlegislador se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
