"La denuncia del presidente va dirigida al Tribunal Supremo contra el juez Pablo Llarena y los magistrados de la Sala de Apelaciones, por entender que sus acciones podrían ser constitutivas de los delitos de detención ilegal, vulneración de derechos fundamentales y prevaricación judicial", informó el Parlamento de Cataluña en un comunicado.
La denuncia se produce en cumplimiento de un acuerdo alcanzado por la Mesa del Parlamento catalán para ejercer acciones penales "en defensa de la dignidad y la autonomía de la institución".
El acuerdo fue adoptado después de que el Tribunal Supremo impidiera por segunda vez que el diputado Jordi Sánchez abandonase la prisión para presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña.
Actualmente, el Tribunal Supremo de España instruye una causa contra 25 dirigentes catalanes por la presunta comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación o desobediencia durante el proceso separatista que llevó a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia.
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De las 25 personas procesadas, siete huyeron fuera de España para evitar un posible encarcelamiento, mientras que nueve se encuentran detenidos en Madrid de manera preventiva al percibir el juez riesgo de fuga y reiteración delictiva.
Entre los detenidos se encuentran dos líderes activistas, seis integrantes del Gobierno catalán cesado y la expresidenta del Parlamento de Cataluña.
De los 25 investigados, son 13 —la mayoría antiguos integrantes del Gobierno catalán responsable del referéndum— los que afrontan una pena mayor al ser procesados por delitos de rebelión y malversación, penados en España con sentencias entre 17 y 33 años de cárcel.
