El incidente de recusación, según informó el Tribunal, defendía la falta de imparcialidad objetiva del instructor al considerar que tiene un posicionamiento respecto del objeto del proceso que responde a sus previas concepciones políticas y personales
Forcadell afirmó haber apreciado imparcialidad por parte del juez cuando, tras conceder la condición de testigo protegida a una secretaria judicial presente en las protestas presuntamente tumultuarias del 20 de septiembre en Barcelona, justificó esa decisión haciendo referencia a su experiencia personal.
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En concreto, afirma Forcadell, el juez se refirió al hecho de que la difusión pública de su imagen o de su domicilio le llevó a tener que adoptar medidas especiales de protección por la presión de algunos manifestantes.
En consecuencia, Llarena afirma que, al valorar la condición de testigo protegido de la secretaria judicial, no emitió "ninguna opinión o ninguna manifestación personal" que sustente la petición de recusación formulada por Forcadell.
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Según Llarena, Forcadell pretendía "excluir y sustituir a su conveniencia al instructor predeterminado por la ley", lo que habría dado lugar a "una quiebra completa de la competencia enjuiciadora de la Sala".
