"El compromiso del Estado mexicano es generar acciones que beneficien a las personas que llegan a nuestro país y solicitan protección" dijo Martínez Cranss en el marco de una sesión ordinaria de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria.
"Es esencial continuar con el trabajo coordinado entre las dependencias federales involucradas", dijo la funcionaria responsable de las políticas migratorias en la Secretaría de Gobernación (Interior) del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el Salón Revolución del Palacio de Cobián, sede de la dependencia federal que conduce la política interior, los altos funcionarios encargados de la política interior analizaron la simplificación del procedimiento de la solicitud de información del país de origen de las personas que buscan refugio.
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Las medidas consideradas incluyen "implementar y fortalecer estrategias de sensibilización en materia de derechos de la niñez migrante, el diagnóstico de alojamiento para niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes del reconocimiento de las condiciones de refugiados".
La mesa interinstitucional está integrada, además, por funcionarios encargados de las políticas de derechos humanos.
También participan en el diseño de la política de Estado la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Registro Nacional de Población, el Instituto Nacional de Migración, la Unidad de Política Migratoria, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
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El canciller de México, Luis Videgaray, llamó a los países de la Organización de los Estados Americanos a defender los derechos de los inmigrantes y rechazó la construcción de un muro fronterizo planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, al hablar durante la 48 asamblea general del organismo intercontinental que terminó sus trabajos.
México expulsa a unos 200.000 centroamericanos sin papeles, del medio millón que cruzan anualmente su territorio hacia EEUU, según el Instituto Nacional de Migración, mientras que las autoridades estadounidenses expulsan a otros 200.000, según datos oficiales.