La competencia de la JEP "se activa una vez que exista una solicitud de extradición, de conformidad con el procedimiento penal vigente, esta solicitud aún no ha sido formalizada a las autoridades competentes", dijo el Gobierno a través de una carta firmada por los ministros de Interior, Guillermo Rivera, y de Justicia, Enrique Gil Botero.
Asimismo, la misiva precisa que la competencia de la JEP, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a actores del conflicto armado, se circunscribe "a determinar la fecha de ocurrencia de las conductas por las cuales hay una solicitud de extradición".
Por esa razón, indica la carta, el Gobierno central "insta al Congreso de la República a darle trámite con la mayor urgencia al proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento de la JEP, aplicable a este tipo de cuestiones".
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A su turno, el fiscal general, Néstor Martínez, pidió la "intervención urgente del Ministerio Público en defensa orden constitucional, ahora que han quedado amenazadas la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra delito".
La Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz tomó la decisión de suspender la extradición en forma unánime ante la solicitud de Santrich.
Además, fijó un plazo de 10 días para que las partes soliciten las pruebas necesarias y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que le informe cuando reciba la solicitud formal de extradición por parte de EEUU.
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Asimismo, la JEP indicó que no encontró elementos de juicio suficientes para pronunciarse, por ahora, "en torno a la petición de nulidad de la medida de aseguramiento" elevada por Santrich, por lo que éste seguirá en detención preventiva.
El exguerrillero comenzó una huelga de hambre desde ese mismo día, la cual mantiene en la actualidad.
Santrich está acusado de un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado de destino, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, por lo que lo habría incumplido.
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El exguerrillero y el recién creado partido de izquierda FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) afirman que Santrich es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal general de Colombia y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
