"Estamos buscando reparaciones que tengan carácter colectivo y que transformen la sociedad", dijo Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, informó su despacho.
El funcionario se refirió a un informe que el pasado 8 de mayo entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano, y en el cual el organismo formuló una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas por los crímenes en la UP.
Sin embargo, indicó Vélez, tales recomendaciones no son claras para el Estado, por lo que éste pedirá a la Corte IDH que revise el tema.
"El Estado en particular se separa de aquellas recomendaciones que insisten en una reparación individual de cada una de las víctimas, entre otras cosas porque para el Estado no está claro exactamente quiénes son las víctimas en este caso", dijo Vélez.
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A juicio de Vélez, "aunque el informe no es vinculante para el Gobierno Nacional, la reparación de las víctimas debe hacer de manera colectiva, y no de forma individual como lo sugiere la Comisión Interamericana".
Con la solicitud ante la Corte IDH, el Gobierno colombiano espera que ese organismo determine cuál debe ser el procedimiento a desarrollar en este caso por el Ministerio de Justicia y la Agencia de Defensa del Estado, con el objetivo de que se pueda reparar a las víctimas.
La UP surgió como partido político de izquierda a mediados de los años 80 como resultado de diálogos de paz entre el Gobierno y las guerrillas de entonces, pero entre esos años y los 90 alrededor de cinco mil integrantes y militantes del colectivo fueron asesinados por organismos paramilitares en connivencia con agentes del Estado.
El Estado colombiano ha reconocido su responsabilidad penal en este caso a nivel nacional e internacional.
