La resolución, aprobada por ocho votos a favor y seis en contra, fue anunciada por el portavoz del ente, Theodore Te.
Por nueve votos a favor y cinco en contra, los magistrados decidieron que la petición de quo warranto —el recurso para que una persona o una entidad justifique el ejercicio de ciertos poderes— resulta adecuada en este caso.
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El procurador general, Jose Calida, había cursado esa petición alegando que Sereno falló en el test de integridad al declarar sus activos en 2012, cuando solicitó el puesto de jueza presidenta.
El portavoz de la Presidencia filipina, Harry Roque, sugirió "respetar la decisión de la Corte Suprema que concedió como pertinente la petición de quo warranto".
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Sereno había criticado repetidamente al mandatario filipino, Rodrigo Duterte, por los abusos cometidos en la guerra contra el narcotráfico, así como por la imposición de la ley marcial en Mindanao.