El Frente "manifiesta su rechazo a la decisión del Gobierno de Guatemala de solicitar la salida del embajador de Suecia, esta es una nueva acción que busca echar por la borda los avances que se han alcanzado en la lucha contra la corrupción y la impunidad", indica el texto difundido por las redes sociales.
La semana pasada, Kompass entregó en representación de su Gobierno una contribución de nueve millones de dólares para sostener el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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En el acto, Kompass indicó que "los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego en una sociedad corrupta, sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento; esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG".
El 10 de mayo, la canciller Sandra Jovel aseguró que la decisión contra Kompass se tomó porque llamó "corrupta" a la sociedad guatemalteca.
El presidente Jimmy Morales y el Gobierno "están violentando el marco legal al actuar en un ámbito de evidente conflicto de intereses, ya que algunos integrantes de su familia, del partido FCN (Frente Convergencia Nacional) y hasta él mismo podría estar envuelto en la comisión de delitos de acuerdo al Ministerio Público y la CICIG", dice el pronunciamiento del Frente Ciudadano Contra la Corrupción.
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El Frente añadió que la solicitud de retiro del embajador "pudiera ser un instrumento de quienes están siendo procesados por corrupción".
El hermano y el hijo del presidente guatemalteco, Samuel Morales y José Manuel Morales, respectivamente, están procesados en el caso Botín Registro de la Propiedad.
El propio presidente Morales está investigado por financiación ilícita de su partido en un caso iniciado por la CICIG y la fiscalía general.
La CICIG, un organismo independiente creado por la ONU y el Estado guatemalteco para apuntalar la impartición de justicia, ha contribuido a investigaciones que condujeron a procesamientos y condenas de altos cargos en Guatemala.
El año pasado, el presidente Morales declaró persona no grata al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, e intentó sin éxito expulsarlo del país.
