La ONU-DH "reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el 'Caso Ayotzinapa', tras las críticas hechas públicas el lunes [7 de mayo] por el Gobierno mexicano", indica un comunicado difundido simultáneamente en la sede de Ginebra y México.
Además, señaló que el informe se elaboró "de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno (del presidente Enrique Peña Nieto) de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018".
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El documento de marras, titulado "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".
El Gobierno respondió tras el informe que calificó de "prematuro", que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado".
Advertencias cruzadas
En la inusual controversia pública entre las partes, la oficina de Jarab exigió a las autoridades mexicanas "que concluyan las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables".
El asunto cobró resonancia durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Santo Domingo, República Dominicana.
El comisionado de organismo interamericano, Ernesto Vargas, expresó su preocupación por las descalificaciones contra Jarab y la oficina de Naciones Unidas, y demandó "prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU", acerca de torturas de los imputados.
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La delegación gubernamental replicó que "se trató de conclusiones prematuras que podrían afectar el resultado de las investigaciones".
Más de 325.000 víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en México https://t.co/Tmv7oL0kQI
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 2 мая 2018 г.
El alegato fue presenciado por los asistentes al 168 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, en la que participaron familiares de la víctimas y sus abogados.
El Gobierno advirtió al organismo interamericano que la postura oficial ante la ONU también "resulta relevante para el trabajo de la CIDH en el marco de la labor del mecanismo de seguimiento", que lo obliga a acudir a las audiencias públicas.
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Con esa insinuación sobre el futuro de esa cooperación con la instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos, la representación del Gobierno subrayó que había logrado avances relevantes, con "nuevas consignaciones de presuntos responsables".
En primer lugar, el rechazo de México al informe de la ONU-DH.
Asimismo, denunció "la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados", hechos por telefonía celular entre narcotraficantes en el estado de Guerrero (sur) y sus presuntos jefes en Chicago, proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU, y publicados el mes pasado por un medio mexicano.
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Según los abogados, el propósito de filtrar esas pruebas es "exculpar a funcionarios de Guerrero y federales".
Esos mensajes interceptados indican que "cuando los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, según las llamadas 'confesiones' que sustentan la teoría del caso, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos", argumentaron.
Esa trama desarma la narrativa oficial llamada "Verdad Histórica" y apunta a altas autoridades "señaladamente a la Policía Federal y al Ejército", puntualizaron los abogados en sus ponencia.
