El texto aprobado permite "que el debate de investidura se celebre sin la presencia o sin la intervención del candidato".
Además, permite que todos los órganos colegiados de la Generalitat se puedan constituir e incluso adoptar acuerdos a distancia.
La reforma, propuesta por la coalición independentista Junts Per Catalunya (JxCAT), fue aprobada con el apoyo de otras formaciones soberanistas como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
Carles Puigdemont, presidente del Gobierno catalán durante el proceso independentista de la pasada legislatura, encabezó en las elecciones del pasado 21 de diciembre la candidatura de JxCAT, que fue la más votada entre las fuerzas independentistas, que suman mayoría en el Parlamento.
Además: Rajoy acusa a Puigdemont de haber secuestrado la política catalana
Sin embargo, hasta la fecha no pudo ser investido presidente porque el Tribunal Constitucional impuso una serie de medidas cautelares que impedían su investidura a distancia.
Entre las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional se encuentra la obligatoriedad de que la investidura sea presencial y, además, la condición de que antes de acudir a la cámara se presente ante el juez que le reclama en el Tribunal Supremo, lo que previsiblemente desembocaría en un envío a prisión preventiva.
Durante el debate previo a la votación de la reforma, Albert Batet, diputado de JxCAT, defendió que la habilitación de fórmulas para investir a Puigdemont son un "acto de soberanía" para poder implementar el resultado de las elecciones.
Más aquí: ¿Cuál es el objetivo verdadero del partido de Puigdemont?
Sin embargo, Inés Arrimadas, líder del partido unionista liberal Ciudadanos —el más votado el 21 de diciembre— afirmó que la reforma es "ilegal en forma y fondo" porque "es una ley para un fugado de la justicia".
El Gobierno de España ya anunció la puesta en marcha de trámites previos a la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional contra la reforma del reglamento.
Si el recurso es finalmente presentado y admitido a trámite, la reforma quedaría suspendida de forma cautelar con efecto inmediato.
Los partidos independentistas tienen hasta el 22 de mayo para conseguir la formación de un Gobierno si quieren evitar un escenario de nuevas elecciones, en las que podrían perder su mayoría absoluta.
