Hasta ahora cualquier crimen que cometieran los parlamentarios brasileños debía ser juzgado por el Supremo (la máxima corte en Brasil), un sistema "malo y que funciona mal", según dijo el magistrado Luís Roberto Barroso al emitir su voto, y que es cada vez más criticado por la opinión pública.
Frente a la presión de los movimientos sociales que piden eliminar de forma integral esta forma jurídica los jueces del Supremo acordaron una solución intermedia: los parlamentarios sólo podrán ser juzgados por el Supremo en caso de delitos cometidos en el ejercicio de su mandato y que tengan relación con la función que desempeñan.
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Es decir, si un diputado es acusado de recibir sobornos para aprobar una ley, por ejemplo, será juzgado por el Supremo, pero si comete una infracción de tráfico o un asesinato será juzgado por la Justicia ordinaria.
Y es que la decisión del Supremo afectará únicamente a parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, que son una pequeña parte de las 38.431 autoridades que en todo Brasil gozan de este privilegio, según un recuento del Senado.
Además de parlamentarios gozan de esta especie de inmunidad gobernadores de estados, alcaldes, jueces y algunos miembros de la Fiscalía, aunque los niveles varían, dado que en algunos casos dependen de leyes de cada estado.
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Por el momento, con la decisión del Supremo casi 540 investigaciones y acciones penales que estaban tramitando en esta corte podrían pasar a la justicia ordinaria.
