El Ministerio de Relaciones de Exteriores de Ecuador "ha sido firme en demandar a Colombia una corresponsabilidad en el control y cumplimiento de sus compromisos, así como urgir una respuesta adecuada a las acciones de grupos de delincuencia transnacional que operan desde su territorio", sostiene un texto firmado por la canciller María Fernanda Espinosa.
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En el comunicado la cancillería asegura que ordenó "de manera inmediata" la activación de todas las instancias de coordinación en materia de seguridad con Colombia y que por ello el Mecanismo 3+2, que congrega a los ministros del frente de Seguridad de ambos países, "se reunió en dos ocasiones en dos meses (14 de febrero en Pereira y 16 de abril en Quito)".
Las explicaciones de la diplomacia nacional llegan pocas horas después de conocerse que el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia del ministro del Interior, César Navas, y del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, a quienes les había dado el pasado 16 de abril un plazo de diez días para capturar a alias "Guacho".
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Sin embargo, los familiares de los periodistas asesinados reclamaron el 26 de abril también la responsabilidad de Espinosa, quien estuvo al frente del manejo diplomático del tema.
Esto último fue desmentido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que citó las diversas reuniones que mantuvieron previamente con sus pares colombianos.
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"Las acciones se han venido desarrollando de manera permanente bajo la conducción de los Ministerios de Defensa e Interior como parte de la agenda de trabajo binacional y han sido reforzadas durante los últimos meses", argumentó la cancillería.
Los movimientos ministeriales ocurren tras los ataques que se iniciaron el pasado 27 de enero con la explosión de un coche bomba en la localidad de San Lorenzo (noroeste ecuatoriano) y que continuaron con hechos de mayor gravedad atribuidos al frente Oliver Sinisterra, comandado por "Guacho".
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El que causó más conmoción a escala nacional y mundial fue el rapto y posterior ejecución de un equipo periodístico de diario El Comercio, que fue retenido el 26 de marzo en la zona de Mataje (noroeste) y cuyo asesinato fue confirmado el 13 de abril.
Al cumplirse un mes de la retención el 26 de abril, los familiares de las víctimas exigieron respuestas al Gobierno sobre el trabajo que habían llevado adelante sus ministros para salvaguardar la vida de los secuestrados y demandaron conocer las razones por las que no retornaron con vida.
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