"Gracias a un largo esfuerzo de las familias y las organizaciones que las han acompañado desde 2009, el Estado mexicano deberá comparecer por primera vez por un caso emblemático de desaparición forzada, perpetrado en el marco de la guerra contra el narcotráfico, ante la Corte Interamericana", en San José, Costa Rica, dijo la defensora de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Este 26 de abril, la Corte comenzará a escuchar los testimonios de seis personas, entre ellas dos integrantes de una familia de los tres desaparecidos por tropas del ejército mexicano en la comunidad rural Benito Juárez, municipio Buenaventura, estado de Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.
Asimismo los jueces analizaran evidencias periciales por parte de las víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El grupo de organizaciones que acompañan a las víctimas en San José está integrado por el Centro de DDHH de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos Asociación Civil, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Mexicanos/as en el Exilio, que trabajan en Chihuahua, fronterizo con EEUU.
"Esperamos que esta sentencia profundice en las consecuencias negativas de la militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada", dijeron las organizaciones en un posicionamiento emitido en vísperas del juicio que se extenderá hasta este 27 de abril.
Otra tragedia relacionada con la estrategia de militarización de la seguridad pública es "el desplazamiento forzado que se expande cada vez en México sin el reconocimiento ni las políticas adecuadas", argumentan.
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También esperan que ponga evidencia los obstáculos y riesgos que padecen las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia.
Un ladrillo en un muro de dolor
Dos mujeres y un hombre de una misma familia, Nitza Paola Alvarado, Rocío Irene Alvarado y José Ángel Alvarado, desaparecieron en una operación el marco de la "guerra contra el narcotráfico", decretada por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Las familias de las víctimas iniciaron investigaciones en 12 instancias mexicanas sin lograr resultado alguno.
El fracaso de la justicia mexicana en resolver el caso incluye la Fiscalía General del Estado, diversas áreas de la Procuraduría General de la República (PGR, federal), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (ombudsman) y la jurisdicción militar.
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Como resultado, el caso fue presentado ante la CIDH, que lo elevó con éxito ante el máximo tribunal de la justicia interamericana.
Durante los operativos militares conjuntos, Chihuahua llegó a ser en 2010 el estado más violento en México, con una tasa de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
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La exigencia de justicia y de conocer el paradero de sus seres queridos "ha traído amenazas para las familias en varias ocasiones y les ha llevado a desplazarse forzadamente", dice un resumen del expediente del caso al cual tenido acceso esta agencia.
Actualmente algunos familiares están en proceso de asilo político en EEUU.
Los secuestros perpetrados por agentes del Estado, sin paradero de las víctimas, definidos como "desapariciones forzadas", ilustran el dolor cotidiano de las familias de 35,000 personas de 2007 hasta la fecha.
"Nunca hubo acciones de búsqueda inmediatas ni efectivas que estuvieran encaminadas a encontrar con vida a las personas desaparecidas; ni una investigación encaminada a determinar la responsabilidad por la desaparición", dice la acusación contra los militares y aparatos de justicia mexicanos.
Las familias presentaron la demanda ante la CIDH en junio de 2011, que demostró el 9 de noviembre de 2016 que el Estado mexicano incumplió sus recomendaciones y determinó que "es responsable por su desaparición forzada".
Además, imputó a las autoridades federales y estatales por las "amenazas y hostigamientos" contra los familiares, y exigió al Estado mexicano "medidas de reparación y de no repetición de los hechos", por lo cual la Corte aceptó abrir un inédito juicio contra este país.
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La independiente Washington Office on Latin America (WOLA), que testificará ante la Corte, dijo que el caso "documenta el impacto y los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México para los derechos humanos".
Esa ley "busca normalizar y ampliar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad del país", dijo en la víspera del juicio Maureen Meyer, directora para México y derechos de migrantes de WOLA.
La Comisión Estatal de DDHH de Chihuahua, recibió solo en septiembre de 2009, año del caso, más de 1.450 denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el mencionado operativo militar.
