"Los líderes sociales, comunales, de víctimas, así como todos los defensores y defensoras de derechos humanos (…) han sido expuestos a señalamientos y amenazas que socavan su labor de defensa de derechos humanos", dijo el organismo.
Advirtió que con esa situación "se pretende desconocer los procesos sociales en los que se encuentran involucrados y que son la base fundamental para la construcción de una verdadera democracia".
La confrontación armada en el territorio ha conllevado desde enero pasado varios hechos de violencia con afectación directa sobre la población civil y también ha generado desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad y el impedimento al acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación.
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En la actualidad, el EPL mantiene un paro armado en la región que ha dejado sin comercio, servicio de transporte ni educación a los pobladores de los municipios de Catatumbo, Tibú, Hacarí, Teorama, San Calixto, El Tarra, El Carmen, La Playa, Convención, Ábrego y Ocaña, todos en Norte de Santander.
"Para la Defensoría es especialmente preocupante la situación de los niños y niñas del Catatumbo que ven afectado su derecho a la educación mientras no haya garantías para transitar libremente por el territorio", añadió el organismo.
En ese sentido, la Defensoría solicitó que la población civil y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario queden fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas, tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas.
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