"El proyecto de ley trata de prohibir o restringir la importación de productos agrícolas, materias primas y alimentos provenientes de EEUU u otros países que avalan las medidas estadounidenses contra Rusia. Me refiero a las bebidas alcohólicas y a los productos de tabaco", dijo el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Iván Mélnikov.
Mélnikov mencionó asimismo la opción de "cesar o suspender la cooperación internacional de entidades rusas con EEUU y organismos bajo jurisdicción estadounidense en los sectores de energía atómica, de construcciones aeronáuticas y motores de cohetes".
Las restricciones podrían extenderse también a los fármacos importados de EEUU, la participación estadounidense en la privatización de empresas públicas y municipales, así como a los equipos tecnológicos y los programas informáticos.
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En opinión de Mélnikov, "las restricciones impuestas por EEUU suponen un estímulo para la economía rusa".
"También darán un impulso al desarrollo esta vez", aseguró el representante del partido comunista (KPRF) en la vicepresidencia de la Cámara Baja.
El subjefe del comité parlamentario de Asuntos Internacionales, Alexéi Chepa, opinó que las futuras contramedidas afectarán también a otras naciones.
"Me refiero al Reino Unido y a Francia ante todo, a los países de que mantienen la consabida postura con respecto a Siria", dijo.
Asimismo el vicepresidente de la Duma rusa Piotr Tolstói declaró que las medidas que se tomarán en respuesta a las nuevas sanciones de EEUU no deben afectar a los ciudadanos rusos.
"En lo referente a esas medidas, se trata de un paso que nos obligan a dar, y pienso que es casi seguro que no afectarán los intereses de los ciudadanos rusos", dijo el parlamentario.
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Tolstói precisó que se tratará de decisiones equivalentes a las estadounidenses, y recordó que en Rusia están presentes muchas transnacionales del país norteamericano.
"Resulta importante que las medidas en respuesta sean propuestas por el parlamento del país, donde están presentes todos los partidos políticos, todos los puntos de vista, y eso significa que la sociedad apoya unánimemente la aprobación de esa decisión, lo que brinda al Gobierno más posibilidades para aprobar medidas restrictivas", destacó el político.
Según Tolstói, es posible que las medidas restrictivas, que podrían ser muy "flexibles y eficaces", se aprueben durante una sesión plenaria del Parlamento.
Poco antes el presidente del Legislativo, Viacheslav Volodin, indicó que el Consejo de la Duma de Estado (Cámara Baja) tratará el 16 de abril una propuesta de contramedidas en respuesta a la reciente batería de sanciones por parte de EEUU.
Según se desprende del borrador al que ha tenido acceso Sputnik, Rusia podría también prohibir o limitar la exportación de metales raros a EEUU, elevar las tarifas de mantenimiento aeronáutico para las naves estadounidenses y alentar las inversiones provenientes de países que no respaldan las sanciones de EEUU.
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Anteriormente se supo que el Consejo de la Duma de Estado estudiará el 16 de abril, durante una reunión extraordinaria, una propuesta de contramedidas a las sanciones estadounidenses.
Por su parte el Kremlin necesita tiempo para estudiar las contramedidas que la Cámara Baja propone en respuesta a las más recientes sanciones de EEUU, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
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El representante del Kremlin calificó de "perfectamente comprensible" que los legisladores se interesen por el tema y busquen posibles respuestas y las vías para minimizar el impacto de las restricciones.
Peskov se mostró convencido de que "las medidas que se tomen no irán en perjuicio de los intereses nacionales".
"El presidente (Vladímir) Putin ha dicho en más de una ocasión que estos intereses son prioritarios a la hora de tomar semejantes decisiones", recordó.
El 6 de abril, EEUU extendió sus restricciones financieras a 38 individuos y entidades rusas, entre ellas la exportadora rusa de armas Rosoboronexport, el gigante del aluminio Rusal, los conglomerados industriales Russian Machines, Basic Element, la empresa automotriz GAZ y otras.
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Bajo jurisdicción estadounidense, los activos de estas personas y empresas quedan embargados y las transacciones financieras con ellas, prohibidas.
