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Revelan informe de ONU sobre tortura en México que estaba bajo reserva del Gobierno

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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la "impunidad de la práctica generalizada de la tortura" en México, que el Gobierno mantenía bajo reserva desde 2017, fue obtenido por un pedido legal y publicado por defensores de derechos humanos.

El informe del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU entregó su estudio a la Cancillería mexicana en diciembre de 2017, sin hacerlo público, pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) solicitó la investigación en febrero pasado a través del Sistema Nacional de Transparencia.

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Finalmente, el pasado 4 de abril de 2018, por una solicitud legal de acceso a la información, "el Gobierno Federal de México se vio forzado a dar a conocer el informe que había mantenido en reserva", dijo el Cmdpdh en la presentación del documento.

El texto del órgano especializado de Naciones Unidas documenta "la corrupción en cárceles y confirma que la impunidad en los casos de tortura es la regla".

La secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de Enrique Peña Nieto mantenía clasificado el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas sobre su visita a México en diciembre de 2016.

Además: El Gobierno de México rechaza el informe de ONU sobre las torturas en el caso Ayotzinapa

En el informe revelado, el SPT reconoció avances legislativos en torno a la prevención de la tortura en el país.

Pero al mismo tiempo "reiteró que la tortura es una práctica generalizada, tal y como lo han reconocido otros mecanismos internacionales".

Asimismo, el organismo de la ONU confirmó que "la impunidad, casi absoluta, que prevalece en los casos de tortura fomenta su repetición".

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El subcomité especializado de la ONU resaltó que "la falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura".

Asimismo, documentó que muchas personas privadas de libertad no denuncian la tortura y los malos tratos por temor a represalias.

El organismo mundial en la materia señaló su preocupación por "distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja, las autoridades y personal de los penales".

El SPT identificó que la tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, "con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco".

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En el informe se señala como responsables de la tortura a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la policía federal, estatal y municipal, de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre las recomendaciones de la ONU al Estado mexicano se encuentra la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por ejemplo, para establecer maneras de presentar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta.

Organizaciones sociales hicieron un "enérgico llamado a todas las autoridades del Estado mexicano a que cumplan a cabalidad las recomendaciones formuladas por el SPT" e incluyan a organizaciones de la sociedad civil en su implementación.

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La revelación del documento obtenido por la Cmdpdh fue respaldado por las organizaciones ciudadanas Asistencia Legal por los DDHH, el jesuita Centro de DDHH, Miguel Agustín Pro Juárez, Equis Justicia para las Mujeres, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia. 

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