"Concedo la petición de suspensión del proceso en el estado en el que se encuentra, durante el plazo señalado", escribió el magistrado en su decisión.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, y desde el pasado 7 de abril está preso en la Superintendecia de la Policía Federal en Curitiba (estado de Paraná, sur).
Sus abogados y su entorno confiaban en que los jueces decidieran que un condenado en segunda instancia tiene derecho a continuar en libertad hasta que se juzguen todos los recursos en instancias superiores (el Tribunal Superior de Justicia y el propio Tribunal Supremo Federal).
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Esto beneficiaría no sólo a Lula, que podría mantenerse en libertad mientras recurre, sino también a otros políticos presuntamente corruptos y a decenas de miles de presos comunes, que tendrían la opción de quedar en libertad.
