Según avanzan los medios de comunicación locales, así lo ha decidido este 5 de abril la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
Trapero fue responsable del operativo de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, criticado por sus colegas españoles por no haber actuado de manera eficaz, conscientemente, en el cierre de los puntos de votación, tal y como había dispuesto la Justicia española.
La jueza también cierra la instrucción por organización criminal y por un único delito de sedición (el 1 de octubre), al exdirector general de los Mossos, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior, César Puig.
Según explica en la resolución, los procesados "han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales".
La pretensión, según la resolución, era "alterar la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario".
Lamela considera que esto se produjo en el marco de una "estrategia premeditada y perfectamente coordinada" y entiende que hay "un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión".
En definitiva, la jueza sostiene que el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum, hubo un "plan premeditado" por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Trapero, para evitar actuar, que "enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad".
La magistrada concluye que Trapero, Soler y Puig "formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas" y considera que "se dan los requisitos de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont".
