"Representa una medida positiva para garantizar el derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, que debe ser imitada por los Estados que no cuenten con uno", señaló el comisionado de la CIDH, Joel Hernández.
Ese mecanismo ayudará a "evitar la comisión de malos tratos o tortura contra personas que se encuentran bajo la custodia estatal", añadió Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de libertad.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, constituido el 28 de diciembre de 2017, permitirá supervisar los centros penitenciarios, comisarías y establecimientos de las fuerzas de seguridad donde se encuentren personas detenidas.
En su carácter de contralor, la CIDH pidió al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para que el mecanismo tenga recursos suficientes para su pleno funcionamiento.
"Vamos a dar seguimiento monitoreando su implementación y su efectividad", sostuvo Vargas.
Denuncias
Una de las recomendaciones del organismo fue instaurar un mecanismo nacional contra la tortura.
"La Comisión reitera que los centros de privación de la libertad deben ser espacios sujetos a constante monitoreo y fiscalización independientes", recordó la CIDH.
Como organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH observa el cumplimiento de los derechos humanos en el hemisferio y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
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Al 31 de diciembre de 2016 había 76.261 reclusos en los 290 centros penitenciarios de Argentina, un 41% más que en 2006.
Durante ese año, se contabilizaron 1.953 víctimas de torturas y malos tratos en 6.391 casos registrados, según un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público autónomo de la provincia de Buenos Aires.
Para este última institución, la tortura es un fenómeno estructural y extendido en el sistema penal argentino.
