En medio de la discusión sobre prácticas de espionaje en aplicaciones que recaudan datos personales de los usuarios y el derecho a la privacidad, los piratas informáticos ocupan un lugar central.
"Los hackers no son criminales, son personas que se dedican a resolver problemas, a buscar formas distintas de funcionamiento de las máquinas según las necesidades de cada quien. Entrar ilegalmente o romper un sistema no está dentro de la ética hacker", explicó Briano.
Según escribió para La Diaria, el labor del hacker consiste en "trabajar gratis" para que el código fuente "llegue a la comunidad en mejores condiciones" o pueda ser modificado.
El software libre es eso: tiene un código que puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras, y es gratuito.
Esa "cultura" colaborativa y de libre acceso a la información surgió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en la década de 1960. Briano contó que un estudiante quiso arreglar una impresora, cambiar su código porque no imprimía algunos documentos, y entre varios lo lograron. Así "se generó un movimiento en el que unos ayudan a otros y se comparte el conocimiento adquirido", concluyó.
"Un poco anarquistas, los hackers no confían en la autoridad. A diferencia de empresas y gobiernos, consideran la privacidad un derecho humano y así la defienden", escribió para La Diaria.
Según el experto, el desconocimiento sobre el software que desarrollan las empresas implica "no saber qué está haciendo la computadora por atrás, si vigila los movimientos del usuario, si manda datos". Por el contrario, el software de código abierto permite que los usuarios puedan controlarlo en su totalidad.
En ese sentido, contó que se confirmó que los sistemas operativos de Apple y de Windows mandaban información sobre la actividad del usuario; según Briano estas empresas "no tienen respeto por la privacidad porque los datos les generan rédito económico".
"Obviamente no todos los usuarios van a ser programadores y van a poder modificar el código, pero sí van a tener la posibilidad de elegir qué componentes quieren tener, porque hay una comunidad para ayudarlos a personalizar o cambiar lo que sea", aseguró.
En la premisa del acceso a la información y la posibilidad de modificarlo es que se esgrime el derecho a reparar.
Los fabricantes de softwares privativos quieren tener el control no sólo sobre el hardware o los programas, sino también sobre las potenciales reparaciones que éstos necesiten. Quizá por ello reparar dispositivos por nuestros propios medios sea tan difícil y complejo.
"Apple, por ejemplo, no da ninguna facilidad para cambiar o mejorar componentes de hardware, sino que te obliga a ir comprando nuevos productos", señaló Briano.
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Según un artículo de la web especializada en tecnología Xataka, "el impacto de las barreras a que podamos reparar nuestros dispositivos están creando un efecto estupendo para las empresas y muy perjudicial para el medioambiente". Sin embargo, son varios los países y estados que han intentado regular la situación y poner un freno a la obsolescencia prematura.
La 'Repair Association' de Estados Unidos lucha por la aprobación de leyes para apoyar el derecho a la reparación. "Esto haría que las empresas en todo tipo de industrias tuvieran que facilitar a los consumidores y a las tiendas tanto documentación como herramientas y componentes que ya ofrecen a los servicios autorizados", se explica en su web.
Panorama internacional
En el mundo son varios los Estados que tienen algún tipo de legislación que estipula que el software que se utilice en organismos públicos cumpla determinados requisitos que implican la utilización de software libre. En Asia el único país que tiene una ley en ese sentido es China, en Oceanía, Australia, y en Europa, Alemania, España, Francia, Italia y Rusia, entre otros. En América Latina hay en Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.