El término 'economía colaborativa' podría considerarse una manera elegante de denominar lo que se conoce como 'trabajo basura'. Esa clase de empleos cuyos márgenes de ganancia para el trabajador son tan escasos, que rozan la nulidad, y que en ocasiones hay que pagar para hacerlo.
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Este esclavismo, en formato siglo XXI, — 3.0 para utilizar un término informático — en sus casos más paradigmáticos ha logrado conseguir el mejor escondite: estar a la vista de todo el mundo, sobre la superficie de la pantalla de los teléfonos móviles o los ordenadores — computadoras — al alcance de nuestros dedos, o de un click.
Monopolizar es uno de los rasgos angulares de las empresas que la alimentan. ¿Ejemplos? Uber es líder en movilidad urbana, Airbnb en alojamiento, Deliveroo en repartos y Amazon en comercio electrónico.
Recientemente se conoció un documental del economista estadounidense Jeremy Rifkin llamado "La tercera Revolución Industrial: una economía colaborativa nueva y radical". Rifkin, quien también es sociólogo, escritor, orador, asesor político y activista, se dedica a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la economía mundial.
En su documental, este activista ve claramente un futuro en el que los servicios y aplicaciones de esa economía reemplazarán las estructuras existentes manteniendo estables empleo y consumo.
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En este sentido el economista Josep Manel Busqueta explica que en buena medida la tesis principal en la que se basa Jeremy Rifkin, es una tésis que ya tiene sus años. Busqueta refiere al 'Informe al Club de Roma Factor 4: duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales'.
"El hecho de pensar que existe la posibilidad del desarrollo del capitalismo que en buena medida, centrándose en la desmaterialización, pueda conseguir un modelo que sea sostenible y que respete los equilibrios medioambientales y pueda satisfacer las necesidades de las personas, yo creo que es una utopía", observa el analista.
Busqueta profundiza en el concepto al indicar que "el capitalismo no puede asegurar esa posibilidad porque es un sistema permanentemente expansivo, y en esa lógica expansiva inserta todo tipo de recursos en ese proceso. Y pensar que es posible una desmaterialización del capitalismo, cuando el capitalismo permanentemente necesita estar creciendo y estar absorbiendo recursos para su reproducción, es bastante ingenuo".
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Ejemplos concretos. En el caso de las apps de alojamientos, éstas provocan un aumento en el precio de alquiler de las viviendas en el centro de las ciudades por su uso discrecional como apartamentos turísticos, sin dejar nada en las arcas impositivas. Aparte de acarrear problemas de convivencia con vecinos que ven impotentes cómo parte del bloque en el que viven se convierte en un hotel.
Los dos ejemplos repican como aplicaciones en las pantallas de nuestros teléfonos móviles u ordenadores, con un uso epidémico. ¿No convierte este hecho a toda una sociedad en cómplice de este neoesclavismo, que se esconde bajo el eufemismo de 'economía colaborativa'?
Al respecto, Busqueta opina que "estamos avanzando hacia modelos de sociedad donde las personas tenemos tantos derechos, como recursos en nuestras cuentas bancarias. Lo que serían las coberturas de los Estados desde sus perspectivas de cobertura social, se van reduciendo. Somos vistos como fruto de las políticas neoliberales desde la década de 1980 en la mayoría de los países del mundo, se ha convertido en una realidad".
El economista ahonda al explicar que "en cuanto a los derechos de las personas, está claro que en buena medida, todas estas tendencias sirven para generar procesos productivos donde la cobertura social, la cobertura ciudadana, la cobertura de derechos colectivos que tienen las personas que trabajan en este tipo de dinámicas colaborativas, están bastante en entredicho".
"La mayoría de las personas que trabajan en esos mecanismos (de economía colaborativa), no están amparadas en un sistema de leyes que les proteja, como sí protegía a las personas asalariadas, fruto del conflicto social que permitió que los trabajadores y trabajadoras tuvieran sus derechos", concluye el economista Josep Manel Busqueta.