La destitución "puede afectar la participación de determinados mandatarios, que dirían ¿cómo voy a ir a un país donde se afecta el orden democrático?", dijo Aljovín en declaraciones a la estación televisiva local ATV.
Aljovín opinó que dado que en este segundo intento de destitución presidencial (el primero se dio en diciembre de 2017) la causa presentada por el Congreso es la misma que el pasado año (incapacidad moral) el resultado será nuevamente favorable para el presidente.
La pasada semana la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú emitió un informe que sostiene que el presidente Kuczynski llegó a percibir hasta más de 6,8 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht mediante depósitos a varias empresas de su propiedad.
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Los depósitos mencionados se habrían efectuado cuando Kuczynski fue ministro de Economía en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).
La Unidad de Inteligencia Financiera, responsable de la elaboración del informe, es una oficina de Superintendencia de Banca y Seguros, entidad estatal encargada de supervisar la actividad bancaria en Perú, así como los movimientos en las cuentas bancarias de las empresa y ciudadanos.
Finalmente, la canciller señaló que en caso de que el Presidente Kuczynski sea destituido, ella renunciaría inmediatamente a su cargo.
