"El fracaso de la investigación federal y la gravedad del caso Ayotzinapa puede calificar como un crimen de lesa humanidad y ha abierto la puerta a la actuación de la Corte Penal Internacional", dijo Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La CPI puede juzgar desde entonces "crímenes de guerra o genocidio perpetrados si las autoridades de un Estado no pueden o se niegan a llevar ante la justicia a los más altos responsables", dijo el experto, quien ha sido ministro de derechos humanos de México ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra.
"Los crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte pueden ser cometidos por funcionarios del Estado", indicó Guevara.
El experto explicó así la conclusión ofrecida por uno de los principales representante de las familias de los 43 desaparecidos ante organismos internacionales, Mario Patrón, quien afirmó que el informe de la ONU "acerca cada vez más a la responsabilidad ante la justicia internacional a la administración del presidente (Enrique) Peña Nieto".
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Guevara, que preside desde 2017 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisó que "aún no se puede decir a qué nivel de responsabilidad superior llegan esos crímenes de lesa humanidad, (por lo que) se debe determinar con precisión el involucramiento de cada corporación del Estado mexicano".
El jurista aclaró que su análisis del caso para esta agencia lo ofrece como titular del organismo independiente mexicano, no como titular de ese organismo especializado de la ONU, porque eventualmente el caso podría llegar a esa instancia.
Consecuencias internacionales
Las consecuencias penales internacionales para el Gobierno de México se originan en un devastador informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, del 15 de marzo pasado sobre "un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa", encabezada por la Procuraduría General de la República (fiscalía federal).
"Con base en mi experiencia internacional, considero que la repuesta gubernamental mexicana repite las desafortunadas explicaciones que ha dado a varios mecanismos internacionales de la ONU y del sistema interamericano", dijo Guevara.
Las autoridades "renuevan la doctrina de descalificar la metodología y el contenido del informe, para defender la capacidad de las instituciones mexicanas de hacer hallazgos y poner en duda a los organismos internacionales", reseñó.
El objetivo en este caso es la recuperación de la llamada "Verdad Histórica" del exprocurador Jesús Murillo Karam (2012-2015), según la cual los jóvenes fueron entregados por policías municipales a sicarios del crimen organizado, que los asesinaron, incineraron los cuerpos y lanzaron los restos calcinados a un río.
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La instancia más alta de la ONU en la materia concluyó que "la tortura fue un patrón en la investigación para obtener confesiones autoinculpatorias, que implican una responsabilidad penal a nivel internacional de los responsables", señaló el experto.
A tres años y seis meses de la llamada Masacre de Iguala (a 220 kilómetros de la capital), que comenzó con ataques de patrullas policiales municipales contra cinco autobuses repletos de estudiantes, "no hay responsables detenidos ni imputados en materia de desaparición forzada, perpetrada por agentes del Estado", lamentó.
Según la ONU, en el patrón de torturas participó la Marina Armada y Procuraduría federal.
Asimismo, recomienda la necesidad de investigar el papel del Ejército, autoridades municipales, y del estado de Guerrero "que contribuyeron de otra forma en la desaparición de 43 alumnos y la muerte de seis personas, tres alumnos y tres civiles".
Este caso no es aislado pero resulta paradigmático en un país con más de 32.000 desaparecidos, puntualizó el experto.
La fiscal titular de la CPI, Fatou Bensoud, ha estado conociendo casos de torturas y desaparición forzada sobre México desde 2012, y ahora podría acumular elementos suficientes de crímenes que podrían abrir un juicio penal internacional.
