"El juez Roberto Cueva acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los procesados, señalando además que la instrucción fiscal durará 90 días", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Los procesados son Luis Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinoza, quienes serán investigados por el delito de asociación ilícita y secuestro, añade el comunicado.
Según investigaciones de la Fiscalía de ese país, los presuntos responsables del secuestro "habrían ordenado la retención del político y para ello habrían contactado a un grupo criminal en Colombia para que se encargara del acto delincuencial".
Los movimientos migratorios revelaron además que los exagentes estuvieron en Colombia durante la fecha de la retención.
El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012, cuando cinco personas lo interceptaron y lo introdujeron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue interceptado por la Policía Antisecuestros de Colombia.
El exlegislador se refugiaba en ese momento en Colombia después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
Lea también: ¿Quién es el ciudadano ruso secuestrado y asesinado a sangre fría por la guerrilla colombiana?
Para el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, aunque la detención de los tres ciudadanos es un avance, "evidentemente tuvieron que recibir órdenes de peces gordos y esos procesos tienen que ser contra los peces gordos", por lo que advirtió que no descansarán hasta conocer a los autores intelectuales del secuestro.
Por este caso también fue interrogado el recién destituido presidente del parlamento de Ecuador, José Serrano, quien en 2012 se desempeñaba como ministro del Interior y dijo no conocer sobre la detención arbitraria de Balda.
La aprehensión de los tres involucrados ocurre horas después de que el presidente Lenín Moreno anunciara el desmantelamiento de la Secretaría Nacional de Inteligencia, creada durante la administración de Correa y señalada por llevar adelante operaciones de espionaje que fueron denunciadas por varios activistas.
