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Familiares de los 43 de Ayotzinapa: Peña Nieto es "cómplice" de la desaparición

© REUTERS / Henry RomeroManifestación en conmemoración de estudiantes asesinados de Ayotzinapa
Manifestación en conmemoración de estudiantes asesinados de Ayotzinapa - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un informe del Alto Comisionado de DDHH de la ONU confirma que el presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), "es cómplice" de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Aytozinapa, Guerrero (sur), denunciaron familiares.

"Para nosotros, Peña Nieto sigue siendo cómplice, si piensa que habrá impunidad a la salida de su Gobierno (…), no es un caso de secuestro, como dice la investigación [federal], sino de desaparición forzada, un crimen de Estado", dijo en conferencia un portavoz de las familias de los desaparecidos, Felipe de la Cruz.

La respuesta de las familias fue presentada un día después que el titular de la ONU-DH, Zeid Raad Hussein informó de que las conclusiones del informe "apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa".

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"Fue el Estado el que asesinó a tres normalistas y tres civiles", en los primeros ataques de las policías municipales en la ciudad de Iguala (220 km al sur de la capital), dijo De la Cruz.

Por su parte, el abogado de los familiares, Mario Patrón, director del jesuita Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que "la administración de Peña Nieto se acerca cada vez más a la responsabilidad ante la justicia internacional", tras los informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de la Organización de Estados Americano.

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La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, la agresión y persecución perpetrada por policías municipales —que según testimonios de los sobrevivientes duraron más de cuatro horas-, fue dirigida contra más de un centenar de jóvenes que viajaban en cinco autobuses, tomados para asistir a la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco de 1968, en la capital.

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De la Cruz dijo que las torturas contra 34 de los 129 detenidos denunciadas por la ONU-DH, fueron infligidas para "armar una mentira histórica" y que un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya descartó la conclusión de la investigación federal.

Según la llamada "Verdad Histórica" los policías municipales de Iguala y Cocula "entregaron a los jóvenes a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero municipal en una barranca a cielo abierto y tiraron sus restos al cercano río San Juan.

"Los peritos especiales en fuego ya dijeron que era imposible quemar a 43 jóvenes en el basurero de Cocula", dijo el padre de uno de los desaprecidos.

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Relató, además, que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal y ahora integrante del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón, sacó de un lugar de detención federal a uno de los delincuentes, "que fue torturado y llevado (en helicóptero) al río San Juan, para descubrir después las bolsas (con restos óseos calcinados), que nos sabemos de dónde proceden, con los restos de Alejandro Mora Venancio", único de los 43 identificados plenamente en un laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck.

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En la conferencia de este viernes también estuvieron presentes los familiares de los desaparecidos. 

Doble injusticia

El informe de Hussein señala "una doble injusticia, al manchar el derecho a la verdad con un patrón de torturas" dijo el defensor, quien ha representado a las familias antes las instancias internacionales.

"No queremos una verdad bajo tortura, que en realidad es una mentira, porque las familias asumirían una verdad auténtica, aunque sea dolorosa", dijo Patrón.

La esencia del informe internacional es que "el encubrimiento de quienes cometieron torturas e ilegalidades conduce a la impunidad", dijo el representante de cuatro organizaciones civiles que encabezan la defensa legal de las familias, junto con Fundar, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan (Guerrero) y el Servicio para la Paz.

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El Gobierno de México replicó que el informe "no contiene nueva información adicional", al informe de abril de 2006 del GIEI de la CIDH, y de los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense que coadyuvaron en las pesquisas.

Patrón rechazó esa respuesta: "hay hallazgos inéditos, se acreditan declaraciones bajo tortura, ilegalidades y falta a la veracidad" de la conclusión de la fiscalía federal, enfatizó.

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Una de las madres de los jóvenes de origen campesino habló en náhuatl, dijo que "frente a nuestra historia amarga, los criminales piensan que todo puede quedar en el olvido, pero seguimos luchando por derribar las mentira del Gobierno y el teatro de la verdad histórica del basurero de Cocula".

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Las torturas habrían sido perpetradas por policía federales y agentes del ministerio Público, "y hoy sabemos que la Marina Armada y la Agencia de Investigación Criminal también cometieron las torturas", añadió.

"No vamos a defender a delincuentes, pero no queremos la verdad bajo tortura", puntualizó.

El Gobierno de Peña Nieto dijo que la oficina del Alto Comisionado "omitió información relevante (…), y que las investigaciones en marcha aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba" el organismo.

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El Gobierno rechazó el informe en una repuesta conjunta de la cancillería, el ministerio del Interior y la Procuraduría federal.

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