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Amenazas a familia de Berta Cáceres continúan 2 años después de su asesinato

© REUTERS / Juan Carlos UlateActivistas con una imagen de Berta Cáceres
Activistas con una imagen de Berta Cáceres - Sputnik Mundo
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La familia de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, confirmó el viernes Sputnik que a lo largo de estos dos años sufrió amenazas y que los autores intelectuales del crimen de la dirigente indígena continúan en libertad.

“Vivimos en carne propia todo lo que mi madre sufrió antes de ser asesinada: criminalización y persecución e incluso atentados en dos ocasiones; ha habido una campaña mediática contra nosotros y nos han amenazado con levantar procesos judiciales”, dijo la hija mayor de la ambientalista, Olivia Zúniga Cáceres.

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Pese a los dos años de “injusticia e impunidad” que ha vivido la familia, indicó Zúniga, esta se mantiene firme y el mismo viernes presentó ante el Ministerio Público una serie de reclamos sobre el caso.

Una de las peticiones que Zúniga realizó al fiscal general Óscar Fernández es que presente a la familia los avances investigativos respecto a las denuncias que realizó su madre días antes de ser asesinada con relación al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).

La activista se oponía al proyecto por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.

“También queremos que nos brinden los avances que ha habido sobre el robo del expediente judicial del asesinato de mi madre”, añadió Zúniga.

El 28 de septiembre de 2016 la jueza María Luisa Ramos decidió llevar el archivo a su casa para estudiarlo, y mientras viajaba en su auto fue capturada por hombres armados que robaron su vehículo y el expediente.

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Otro de los reclamos es “la captura inmediata de los actores intelectuales (del crimen), la detención inmediata de la junta directiva de DESA, poderosos del país vinculados a redes de corrupción y a una estructura criminal que acabó con la vida de mi madre y de varios hermanos lencas”, añadió Zúniga a esta agencia.

Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 3 de marzo de 2016 pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.

Su familia no solo responsabiliza a la compañía DESA de su asesinato, sino también al Estado hondureño.

Ocho personas están detenidas como presuntos autores materiales del asesinato, entre ellas “dos exviceministros, un mayor de las Fuerzas Armas y empleados de DESA”, recordó Zúniga.

Sin embargo, “aún no se ha tocado a los autores intelectuales, que son grupos empresariales poderosos”, añadió.

Proyecto de ley

Zúniga, diputada del izquierdista Partido Libertad y Refundación, explicó a esta agencia que acaba de presentar en el Congreso “el proyecto de ley Berta Cáceres”, con el objetivo de que se anulen los contratos que mantiene el estado hondureño con la firma DESA para la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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En la iniciativa “pruebo cómo el proyecto se otorgó de manera ilegal, a través de tráfico de influencias, actos de corrupción y abuso de autoridad, y en esto hay complicidad y responsabilidad del Estado de Honduras de manera directa”, sostuvo.

El proyecto hidroeléctrico sigue activo “pese a que el  Congreso tiene la potestad de anular las concesiones por haber sido otorgadas de manera ilegal”, observó.

La hija de Cáceres tiene esperanza en que algún día se logre justicia, pero también asegura que esa justicia no llegará mientras el Gobierno esté presidido por Juan Orlando Hernández.

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A lo largo de estos dos años también el Copinh ha sufrido agresiones físicas por parte de los cuerpos coercitivos del Estado y el personal de DESA, según la diputada.

Tras el crimen de Berta Cáceres, otros activistas fueron asesinados en Honduras, considerado el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, según una investigación de Global Witness publicada en enero del pasado año.

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