"Los cinco militares acusados de la desaparición de Marco Antonio jamás fueron detenidos y mucho menos juzgados, son altos cargos del Ejército; ellos son los responsables de estas políticas de muerte que hubo en Guatemala" durante los 36 años que duró el conflicto armado, entre 1960 y 1996, dijo Emma Theissen Álvarez, madre del joven.
Cuando se cumplen 37 años de la desaparición de Marco Antonio, recuerda su madre, este 1 de marzo dará comienzo el juicio oral y público para determinar la responsabilidad de los acusados por estos hechos.
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Theissen Álvarez confía en que por fin llegue la justicia para su hijo y pueda recibir sus restos, y espera "poder compartir esa justicia con las demás personas que han sufrido también durante tantos años por la pérdida de sus seres queridos", añadió en diálogo con esta agencia.
"Nuestra meta sería esperar que la justicia siga fortaleciéndose en Guatemala y que la gente que está sufriendo tenga justicia y el apoyo necesario para continuar la vida, que tan dura y difícil ha sido durante este tiempo", indicó la mujer, de 83 años de edad.
Asimismo se mostró confiada en que la lucha de su familia de todos estos años "siente un precedente para que esto no vuelva a pasar en Guatemala", añadió.
Días antes, otra hija, Emma Guadalupe, era detenida en un retén militar y durante nueve días "fue sometida a torturas, violación sexual y privación de comida y agua", aunque finalmente pudo escapar, según costa en un comunicado elaborado por la familia y varias organizaciones no gubernamentales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que defiende a personas cuyos derechos han sido vulnerados y denuncia los casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Varios años después, el caso se presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, proceso que se extendió hasta 2004, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado guatemalteco "por haber violado sistemáticamente los derechos humanos e incumplir su obligación de resguardarlos en el caso de la familia Molina Theissen", añade el informe al que accedió esta agencia.
Más tarde, el Ministerio Público (fiscalía) abrió un proceso penal contra cinco altos mandos del Ejército y en 2016 un juez ordenó la detención de los militares en retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas, "como presuntos responsables tanto de la desaparición de Marco Antonio como de la violencia sexual a la que fue sometida su hermana Emma Guadalupe".
"El 13 de enero del 2016, el juzgado resolvió ligar a proceso a todos los imputados y ordenó su prisión preventiva, mientras que el 2 de marzo del pasado año los cinco militares acusados fueron enviados a juicio por los delitos de desaparición forzada, violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de humanidad", agrega el informe.
El juicio oral y público que comienza este 1 de marzo se prolongará durante varias sesiones.
Cuando culminó, con los Acuerdos de Paz de 1996, había dejado 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 100.000 desplazados, según cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida a instancias de las Naciones Unidas.
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De esos 45.000 desaparecidos, se estima que alrededor de 5.000 eran menores de edad.
