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Crisis actual de Venezuela no se compara con el "caracazo"

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CARACAS (Sputnik) — La situación que vive Venezuela es diferente a la crisis del 27 y 28 de febrero de 1989, cuando la población salió a las calles para rebelarse contra el alza de precios impuesta por el propio Gobierno de la época, un estallido social conocido como el "caracazo" que dejó cientos de muertos, dijo el historiador Amílcar Figueroa.

"Lo que produjo el caracazo tiene poco que ver con la situación actual; en primer lugar, el pueblo venezolano abruptamente recibió el impacto del paquete neoliberal que era la política imperialista para todos los gobiernos" de la región, dijo Figueroa, exdiputado del Parlamento Latinoamericano.

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El entonces presidente "Carlos Andrés Pérez y sus asesores instrumentaron (esa política) en un paquete medidas bastante agresivas", añadió.

El bolívar se devaluó, mientras la inflación subió por encima del 80% y el Producto Interno Bruto se contrajo en 10%.

Así, los salarios de los venezolanos pasaron a alcanzar escasamente para comer.

"Había de todo en las vitrinas, en los supermercados, pero nadie podía comprar, yo tuve que trabajar hasta en tres turnos para alimentar a mis hijos", recordó a esta agencia la enfermera jubilada María Melo.

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Más de 300 personas fallecieron y miles resultaron desaparecidas por la represión contra quienes salieron a las calles a saquear comercios. 

Para Figueroa los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 surgieron de la espontaneidad del pueblo y no fueron impulsados por el “imperio norteamericano”.

Derroche

El historiador observó que el pueblo venezolano tenía el recuerdo del primer Gobierno de Pérez (1974-1979), favorecido por un salto "tremendo" en el precio del barril del petróleo, que permitió ingresos de 48.000 millones de dólares para "un país que en aquel momento tenía unos escasos 12 millones de habitantes".

"Eso generó en los gobernantes muchas propuestas de la gran Venezuela: por un lado se derrochó mucho dinero, había una idea generalizada de cierta bonanza, fue la famosa época de los viajes a Miami del 'ta barato dame dos', expresión que se hizo popular en la época y que se refería al alto poder adquisitivo de un sector de la población", recordó.

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Pero el país contrajo una deuda de 51.000 millones de dólares, rememoró Figueroa, dinero que luego apareció depositado en cuentas de bancos europeos de las familias más favorecidas de la elite económica.

"Ahí comenzó a torcerse la situación", añadió.

Para finales de los años 80, cuando retornó Carlos Andrés Pérez a la presidencia, Venezuela sufría las consecuencias de la corrupción, el derroche y el declive del precio del crudo, recurso natural que marcó el ritmo de la economía de este país sudamericano que posee las mayores reservas de petróleo extrapesado.

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Pérez insistió en aplicar recortes y privatizaciones para estabilizar la economía y expandir la inversión privada.

Su discurso del 16 de febrero de 1989 estuvo acompañado del aumento de las tarifas del transporte, los combustibles y hasta los alimentos de la canasta básica.

Para Figueroa, la respuesta oficial a la crisis en aquel momento fue asfixiar a la población.

Precisamente en ese punto está la gran diferencia con lo que vive actualmente Venezuela, opinó.

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El Gobierno de Nicolás Maduro no ha aceptado las medidas que sugieren el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y las grandes trasnacionales, sostuvo.

Ante la negativa de aplicar un "paquetazo neoliberal" tras la caída abrupta de los ingresos petroleros, esos grupos de poder financiero mundial, aliados con sectores de la derecha venezolana, han intentado de "forma fallida" sacar a Maduro del poder y crear una situación que lleve a la población a las calles, aseguró Figueroa.

El Gobierno intenta frenar el alza de precios y opta por subsidiar los servicios básicos, así como los alimentos y medicamentos, pero el sector privado apuesta por inflar el costo de los productos que domina, según el historiador.

Al borde del estallido 

Desde finales de 2014, el Gobierno venezolano ha venido enfrentando la caída de los precios del barril de petróleo que pasaron de 100 dólares a tocar el fondo de los 20 dólares, lo que causó una fuerte contracción de esta economía petrolera y muy dependiente de las importaciones.

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En paralelo se disparó la carestía, la escasez de alimentos y medicamentos y la hiperinflación.

Si bien aparecen aquí y allá pequeños focos de violencia y saqueos, no ha vuelto a registrarse en estos casi cuatro años de empeoramiento de la situación económica, un estallido como el de 1989.

Para Figueroa, la diferencia es que la mano del Gobierno actual está para ayudar y no para ahorcar más a los venezolanos.

"¿Cómo?, fíjate que el Gobierno ha respondido manteniendo los programas sociales, manteniendo una política de Estado benefactor y la imagen que tiene la mayoría empobrecida es que el único apoyo que tienen es del Estado", expuso.

Recientemente, el Gobierno lanzó siete subsidios dirigidos a familias de bajos recursos, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, entre 11 y 24 dólares según la última subasta oficial de divisas, o entre 1,5 y 3,2 dólares, según la tasa de cambio por la que se rigen la mayoría de los comercios.

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El dinero es depositado en la cuenta bancaria de los ciudadanos "sin intermediarios", explicó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y señaló que lo único que se les es exige es que tramiten el Carnet de la Patria, un documento de identidad con un código QR en el que se carga todo tipo de información sobre su titular.

Además, hay paquetes mensuales de alimentos básicos a precio subsidiado que llegan a cada hogar, recordó Figueroa.

"Son medidas compensatorias que ayudan en un momento en el que ha crecido también la conciencia política de la población", afirmó.

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El salario mínimo en Venezuela es de casi 880.000 bolívares, que equivalen a 3,7 dólares en el mercado negro.

El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2018 la economía venezolana sufra un desplome de 15% y una inflación que podría llegar a 13.000%.

Debido a las sanciones selectivas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea contra funcionarios del Gobierno, ciudadanos y personas jurídicas de esos países tienen vedado negociar con los altos cargos venezolanos, incluido el presidente Maduro.

Además, sanciones de Washington contra el Estado venezolano y su principal compañía, Petróleos de Venezuela, impiden renegociar las deudas soberanas y contraer nuevos préstamos bajo jurisdicción estadounidense.

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