"La criminalización de la protesta social se había dado antes, pero en este contexto de la violencia poselectoral se agudiza y se establece como una práctica del Estado, así que cada vez que hay una manifestación hay detenciones y criminalización", dijo a Sputnik la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, en el marco del 167 periodo de sesiones que celebra la CIDH en Bogotá.
Según Aguiluz, vocera de la parte civil en la audiencia contra el Estado de Honduras, "las organizaciones han documentado 38 asesinatos desde noviembre pasado", luego de que el presidente Juan Orlando Hernández fuera reelegido en medio de denuncias de fraude.
Por tanto, se espera un rol más activo de la CIDH en el seguimiento de estas denuncias, dijo.
Por su parte, el procurador general de Honduras, Abraham Alvarenga, dijo a Sputnik que la CIDH "ya está estableciendo un mecanismo para mantener una comunicación permanente" con el Gobierno a fin de que se dé respuesta a los casos de violaciones de derechos humanos.
"Sabemos de la responsabilidad que tenemos de capturar, investigar y judicializar a los agentes implicados en cualquier contexto, no solo el poselectoral", dijo Alvarenga.
Durante la audiencia, la parte civil llamó a los participantes del Estado como "representantes de un Gobierno asesino".
"Vincular a la sociedad civil es muy importante porque el proceso investigativo podrá gozar de credibilidad y legitimidad, así que yo hago votos porque se proceda en virtud de esa solicitud hecha por la población civil", dijo, por su parte el comisionado de la CIDH y relator para Honduras, Joel Hernández.
El comisionado dijo a Sputnik que la CIDH es consciente de que a raíz de las elecciones del año pasado se dio en Honduras un clima de violencia inusitada que alertó al organismo.
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La audiencia del 26 de febrero, en este contexto, sirvió de marco para preparar el trabajo futuro sobre la situación en ese país centroamericano, concluyó.