La magistrada toma esta decisión a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera que le impusiera 50.000 euros por su presunta responsabilidad en la inactividad de la policía autonómica para impedir el referéndum del 1 de octubre.
El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, pidió la fianza ante "la agravación de su situación procesal, una vez que se le imputa un segundo delito de sedición".
Además de imputar a Trapero un segundo delito de sedición, la magistrada apuntó también a la posibilidad de investigarle por un delito de organización criminal, al entender que se trató de "una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".
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La jueza cree que Trapero "se encargó del diseño de un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.
